CARACAS – La Cámara de Caracas exige al Ejecutivo el cese de la violencia institucional contras las empresas y, consecuencialmente, contra la población, a propósito de la ocupación temporal por 180 días prorrogables y venta supervisada de algunas empresas del sector alimenticio.
La institución gremial más antigua del país, defensora de la libertad económica y la propiedad, así como de los demás derechos fundamentales consagrados en la Constitución, afirma que las medidas adoptadas buscan ocultar el deterioro de la calidad de vida del venezolano y el rotundo fracaso de la gestión gubernamental.
Asimismo, señala que la decisión asumida sin justificación alguna, carece de sustentación y análisis financiero, y busca esconder las distorsiones que han generado inflación, maxidevaluación e incremento de costos de transacción entre los agentes económicos, producto de la adopción de políticas erráticas en materia fiscal, monetaria y tributaria, que han agravado la crisis.
La Cámara afirma que el gobierno nacional se niega asumir medidas para enfrentar la realidad que deja la pandemia en el plano económico y productivo, y que incide sobre los sectores nacionales que intentan producir bienes teniendo que enfrentar controles, fallas de servicios, desmantelamiento de la infraestructura hidroeléctrica, carencia de producción y suministros de combustible, así como las condiciones más elementales para producir.
El tema económico se deja irresponsablemente a un lado. La muestra más evidente es la argumentación fútil conforme a la cual el sector empresarial “busca la desestabilización” y constituyen “factores de especulación”. Esa causa de justificación para la intervención de las empresas, no es aceptada ni resulta convincente para la mayoría de la población que cada día más tiene un criterio positivo de los empresarios, como lo demuestran múltiples estudios de opinión, expresa el comunicado.
Creer en las empresas
El venezolano es consciente y ha sido solidario con los empresarios por los embates legales y actuaciones administrativas y reconoce su estoicismo al mantener activas las empresas y mantener su compromiso con el país en correspondencia con su responsabilidad con sus trabajadores.
Mientras que el gobierno ante la creciente insatisfacción del venezolano, el fracaso continuado de no lograr la prometida recuperación, ni crecimiento del país, arremete contra el sector privado, en lugar de crear las condiciones idóneas para la producción, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.
Pero por el contrario, sigue poniendo obstáculos para que sigan cerrando industrias y se reduzcan las posibilidades de acceso de la población, lo cual atenta contra la seguridad alimentaria, la libre empresa, la propiedad privada y libertad económica, y además contra los derechos humanos de la población.
Por último, la organización gremial exige cese el hostigamiento y se dejen sin efecto las medidas inconstitucionales adoptadas y reitera que el estado de excepción materializado en la alarma sanitaria, no puede ni debe ser una herramienta de erosión de los derechos fundamentales, sino un mecanismo para enfrentar la pandemia global y sus efectos nocivos en la población, con el propósito de garantizar el derecho a la salud, lo contrario, es un fraude a la ley o empoderamiento antidemocrático del Ejecutivo.
