CARACAS – En Sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado Virgilio Ferrer, solicitó este miércoles, se conforme una Comisión Mixta integrada por los miembros de la Comisión de Pueblos Indígenas, Política Interior y del Parlamento Amazónico, para realizar una investigación sobre la agresión brutal que sufrieron indígenas wayuu, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) el domingo 12 de abril del presente año.
El parlamentario señaló que el resultado de la investigación, sean entregados ante la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michelle Bachelet, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y a la oficina de la Comunidad Europea que se encuentra en Venezuela.
Ferrer dio a conocer esta iniciativa, en el debate sobre la violación sistemática de los DDHH por parte del “régimen” de Nicolás Maduro contra la disidencia política, la libertad de prensa y grupos vulnerables en plena de la pandemia.
El diputado explicó que el grupo de indígena wayuu estaban protestando de manera pacífica por la falta de agua, electricidad y gas doméstico que padece por más de 15 días, el municipio Guajira, parroquia Guajira sector Guarero, pero fueron atacados con disparos de perdigones, violando con ello, el derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos venezolanos, indicó.
“El régimen quiere reprimir todas las protestan que se dan a diario en Venezuela por la falta de los servicios básicos, pero aquí está el pueblo indígena protestando por sus derechos y no nos vamos a detener. Nosotros tenemos las pruebas de las agresiones contra nuestros hermanos y las vamos a consignar ante la Asamblea Nacional”, concluyó.
Por su parte, el diputado José Luis Pirela afirmó que el pueblo wayuu, está sufriendo los embates de la situación económica que vive el país, y en este sentido, indicó que las fronteras se encuentran cerradas, por lo tanto, la guajira venezolana está viviendo un problema grave de desabastecimiento.
Poblaciones indígenas desasistidas
En sentido, la parlamentaria Liz María Márquez representante del estado Zulia aseveró, que el “régimen usurpador” de Nicolás Maduro, viola una vez más el derecho a la vida desde el mismo momento que no garantiza los alimentos ni la salud a los ciudadanos y más aún, en la grave situación que vive el país como el mundo entero por la pandemia del COVID -19.
“La destrucción del aparato productivo en el país no permite que sea posible cubrir la demanda de alimentos que exigen los ciudadanos. El derecho a la vida y el derecho a la alimentación han hecho que la población indígena protesten para exigir los alimentos, pero estas han sido reprimidas de forma violenta por parte de la Guardia Nacional”.
Agresiones y amenazas
Para finalizar el debate, indicó que en los últimos días en el país, se han dado 9 hechos de agresiones y amenazas directas en cadena de radio y televisión contra líderes políticos y sociales.
En el sector salud, ha habido 4 detenciones arbitrarias, van 21 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, hay al menos dos personas detenidas por enviar un mensaje donde expresaban no estar de acuerdo con el régimen, las cuales laboraban en empresas del Estado.
La diputada dijo que las violaciones a los derechos humanos relacionada con las comunidades más vulnerables son inmensas. Expresó que estos sectores, no tienen como hacerle frente a un aislamiento social continuo.
