CARACAS – El gobierno de Venezuela aumentó las tarifas de servicios básicos como aseo y telefonía de una forma abismal, al igual que los impuestos, en momentos de una crisis sanitaria por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo.
Las medidas se contraponen a la flexibilización que desde 2019 hizo el gobierno de Nicolás Maduro con los controles de cambio y precios vigentes desde dos décadas, y permitió que se hagan pagos en dólares y euros, para enfrentar las sanciones financieras que impuso Estados Unidos.
El gobierno busca obtener más ingresos por servicios e impuestos y esto va en contra a las políticas de incentivos fiscales que han empezado a aplicar otros países como Colombia o Estados Unidos para aliviar las pérdidas económicas que han resultado de la pandemia.
Esta semana, dos organizaciones empresariales pidieron al gobierno prórrogas para el pago de impuestos, entre otros incentivos fiscales, pero aún no hay respuesta a las solicitudes.
“El aseo llegó en 6 millones de bolívares y no puedo pagar eso”, dijo un pequeño comerciante que lleva 15 años vendiendo quesos en una zona del este de la ciudad y bajo la cuarentena nacional tiene problemas para surtirse y colocar su mercancía.
Esos 6 millones son equivalentes a unos 80 dólares, pero el comerciante que habló bajo condición de anonimato pagó en enero 20 veces menos por el servicio.
Cuando el Gobierno anunció los primeros casos de coronavirus y aplicó restricciones de circulación a los venezolanos, Maduro autorizó un aumento de 2.900% en la unidad con la que se calculan multas e impuestos, como medida a la caída en la recaudación de tributos que en 2019, según la firma local Ecoanalítica, estuvo debajo de los 2.000 millones de dólares.
Por muchos años el ajuste de esa unidad estuvo muy por debajo de la inflación incontrolable. La Asamblea Nacional (AN) informó que a febrero del presente que el crecimiento de los precios fue 3.276% interanual.
Solo en febrero se elevaron entre 80% y 749% las tarifas de servicios de internet, telefonía fija y móvil. En Venezuela todos esos ajustes los regula el gobierno aun cuando los servicios lo suministren empresas privadas o públicas, porque están supervisadas.
