CARACAS – El bufete de abogados estadounidense que fue contratado como “lobby” por US$12.5 millones por un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro ha decidido desvincularse del cliente venezolano, en medio de una gran protesta por parte de los críticos que lo acusaron de apoyar a un “dictador” socialista.
La agencia AP informó el lunes que Foley & Lardner acordaron representar al Procurador General de Maduro, Reinaldo Muñoz. Los documentos presentados ante el Departamento de Justicia mostraron que Foley & Lardner, que tiene oficinas en Washington, a su vez pagó US$2 millones para contratar al influyente cabildero Robert Stryk para ayudar a su cliente a aliviar las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno de Maduro, e involucrar a la administración Trump en conversaciones directas.
Por su parte, el senador republicano de Florida inmediatamente denunció la medida, diciendo en una carta a la firma que instaría a sus colegas del Senado a seguir su ejemplo y boicotear al bufete hasta que cortara sus lazos con un “dictador peligroso”.
Tres personas allegadas al tema manifestaron el jueves que Foley se retiraba del caso. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados para discutir el asunto. El director de comunicaciones de Foley, Dan Farrell, se abstuvo de hacer comentarios.
“Espero que los últimos días sirvan como una lección para cualquier otra firma de cabildeo, consultores u organizaciones que si apoyas a Maduro y su banda de matones no me quedaré callado”, expresó Scott en un comunicado enviado por correo electrónico a AP.
Un alto funcionario del gobierno venezolano dijo que la revocación no desanimaría al gobierno de Maduro a buscar un diálogo honesto con la administración Trump. El funcionario habló con AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el asunto públicamente.
Foley dijo en su presentación que recibió un poco más de US$3 millones en pagos iniciales en nombre de Muñoz de lo que parecen ser dos compañías registradas en Hong Kong. Su trabajo también fue incluir discusiones con funcionarios del Departamento del Tesoro de EE. UU y otras agencias del gobierno con respecto a las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El alcance del gobierno de Maduro se produjo cuando las críticas también se dirigieron al apoyo de Estados Unidos al líder opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otras 60 naciones reconocen como el presidente legítimo de Venezuela.
Al igual que Venezuela, muchos de los clientes tienen mala reputación en Washington o están bajo sanciones estadounidenses, como los gobiernos de Somalia, la República Democrática del Congo y el Ministerio del Interior de Arabia Saudita, que firmaron un contrato de $ 5.4 millones en mayo de 2017.
