El empresario Raimundo Santamarta ha iniciado una demanda contra el Estado venezolano tras una serie de medidas discriminatorias que obstaculizaron el negocio farmacéutico de SM Pharma y por el que reclama una indemnización no menor de 200 millones de dólares, según ha informado el bufete de abogados Cremades & Asociados.
Una de las medidas discriminatorias que denuncia el inversor se encuentra en la toma del control operativo de la compañía y la posterior confiscación ilegal de los bienes de las sociedades del grupo farmaceútico, entre ellas la de los bienes de la planta de producción situada en Maracaibo, estado Zulia.
De la misma forma, Raimundo Santamarta trató de llegar en 2019 a un acuerdo amistoso mediante el arbitraje internacional con la República Bolivariana de Venezuela que no fue posible, según información de 2001.
