CARACAS – Delsa Solórzano diputada a la Asamblea Nacional (AN), denunció que supuestos aliados del Gobierno de Maduro, han contactado a los dirigentes regionales para “sobornarlos” con el objeto de “arrebatar” la tarjeta de los partidos que integran la alianza opositora.
Aseveró que las acciones forman parte de la denominada “Operación Alacrán” que pretende atentar contra la estabilidad de los partidos políticos.
“Ustedes saben de la existencia de la llamada ‘operación alacrán’ y que ha sido dirigida por Maduro y sus cómplices. Solo a él le conviene acabar con la legítima AN. Contactan a dirigentes de nuestras regiones para decirles que tienen listo el partido ante el CNE y que lo único que falta es poner el nombre de las autoridades partidistas (…) A través de emisarios de estos representantes de la fracción clap-alacrán, han pretendido disuadirlos para que los acompañen en sus tropelías que no pretenden más que arrebatar las tarjetas y colores de los partidos que hacemos vida dentro la Unidad”, indicó Solórzano.
Mediante una rueda de prensa, Solórzano señaló que la operación busca atentar contra los partidos Un Nuevo Tiempo y Encuentro Ciudadano.
“Hemos visto como fueron contra las tarjetas y colores de Primero Justicia, luego contra Voluntad Popular. Y ahora quieren picar al partido político UNT, arrebatar al partido UD, que han demostrado dignidad”, dijo.
La diputada arremetió contra Luis Loaiza, a quien calificó de “alacrán”, que estaba metido en Un Nuevo Tiempo y ahora es quien se llama de contactar a los diferentes dirigentes regionales.
“A los militantes de mi partido en Yaracuy les ofrecían 150 dólares mensuales. Lo mismo que ocurre con la cúpula de los militares. A los militantes de Encuentro Ciudadano le ofrecían 150 al menos en Yaracuy, en Táchira, 500, en Portuguesa, montos similares, y así sucesivamente”, detalló.
Afirmó que las prácticas de Parra y los demás, los afecta no solo a ellos, sino a las generaciones que de ellos provengan, porque “recordarán su deshonra” al país.
La diputada anunció que este miércoles entregarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidencias sobre las amenazas y sobornos, y solicitarán medidas de protección para los dirigentes regionales.
