CARACAS – La juramentación de Luis Parra al frente de la directiva paralela en la Asamblea Nacional encabezada por el oficialismo, persigue realizar algunas modificaciones en las condiciones para la constitución de empresas mixtas en el sector petrolero, que podrían incluir el pago con concesiones a inversionistas extranjeros tenedores de bonos en default.
Según expertos venezolanos, el régimen está buscando cambiar las condiciones de los contratos petroleros que requieren de la aprobación parlamentaria, pues los inversionistas no confían en el aval de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) porque no está reconocida legalmente ni por la Unión Europea, Estados Unidos y un grupo de naciones que pasan de cincuenta.
Por ello el nombramiento de Parra como presidente de la Asamblea chavista, quien es parte de una maniobra para refrendar esos acuerdos, afirmó para la prensa internacional el diputado José Guerra.
De acuerdo con información publicada por Banca y Negocios, el gobierno ha cambiado de estrategia y ahora le da prioridad a algunos socios con capacidad financiera, entre ellos dos empresas privadas que entrarán a operar campos en Pdvsa como son Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI), compañía registrada en Chipre donde participan el ex presidente y director ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina, el ex asesor de asuntos legales de Repsol, Ramón Blanco Balin, y el inversionista venezolano Alejandro Betancourt, el socio principal de Derwick Associates.
No obstante, la estatal petrolera afirmó que este año recuperará sus niveles de producción hasta un mínimo de 1.500.000 barriles por día, una meta inviable para expertos como Luis Oliveros y José Toro Hardy, pues Venezuela no cuenta con capacidad financiera para asumir los costos y además hay un alarmante deterioro de la infraestructura de producción.
El diputado Ángel Alvarado agregó que el “sospechoso” hecho de que el gobierno de Vladimir Putin se al el único en reconocer la directiva de Parra, refleja que está a la espera de la aprobación de nuevos acuerdos que amplíen el control de Rosneft sobre las operaciones petroleras de Venezuela.
