CARACAS – El gobierno de Estados Unidos negó las denuncias sobre financiamiento a diputados de la Asamblea Nacional y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de pretender confundir y ocultar el hecho de que es el Ejecutivo chavista el que busca “comprar políticos”.
Estas declaraciones fueron dadas por el encargado de negocios y jefe de la Unidad Externa de Estados Unidos para Venezuela, James B. Story, quien dirige la embajada con sede en Bogotá, Colombia, en una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino Juan Guaidó.
En el escrito, Story certifica el respaldo de la administración de Donald Trump a Guaidó y a la Asamblea Nacional como “última y legítima institución democrática” en Venezuela.
El representante diplomático indicó que el gobierno estadounidense gestiona “todos nuestros fondos de manera centralizada para apoyar voces e instituciones democráticas y para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano”. Asimismo, expresó la preocupación de Washington por los más de 5 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar el país, huyendo de la crisis humanitaria.
Advirtió, estar vigilantes ante los intentos del gobierno de Maduro de atentar contra la Asamblea Nacional, “a través de historias falsas y promoviendo división”.
“Está claro para el mundo que el régimen quiere dividir y destruir a la Asamblea Nacional y que busca una oposición complaciente y oficial para darle un toque de legitimidad”, escribió Story.
En cuanto a las informaciones de los últimos días referente a hechos de corrupción de parlamentarios venezolanos, varios de ellos acusados de aceptar sobornos de un empresario vinculado al contratista colombiano Alex Saab han salido al paso a la denuncia en su contra, presentada en un reportaje de investigación del portal ArmandoInfo, generando una controversial guerra de señalamientos cada vez más graves.
Luis Parra, Conrado Pérez, José Brito, William Barrientos, Chaim Bucaran, Héctor Vargas, Freddy Superlano, Guillermo Luces, Richard Arteaga, José Luis Pirela y Adolfo Superlano son los diputados supuestamente incursos en la trama de encubrimiento de los negocios relacionados con la importación de alimentos a ser utilizados por el programa de venta subsidiada CLAP.
Dichos diputados fueron señalados por intentar extender salvoconductos de honorabilidad al empresario colombiano Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods que regenta las tiendas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP.
