CARACAS – Venezuela está considerado el país del mundo donde los parlamentarios sufren mayores violaciones de los derechos humanos, con 102 presuntos abusos registrados al día de hoy, según la clasificación anual publicada por la Unión Interparlamentaria (UIP).
Otros países como Colombia, poseen 22 presuntos casos, Yemen figuró en el segundo puesto (71 violaciones), Turquía el tercero (58) y Camboya el cuarto (57), de acuerdo con datos del organismo que agrupa a los legislativos del mundo.
En el comunicado, explicó la UIP, el listado que es acumulativo (considera también los casos de años anteriores aún no cerrados), incluyó 111 nuevas denuncias a lo largo de este año, en su mayoría procedentes de Venezuela y Yemen.
Actualmente, la organización recibe y trata de investigar un total de 533 denuncias de abusos cometidos contra parlamentarios en 40 países, el segundo número más alto registrado por la institución.
Las denuncias las realizan especialmente países “en crisis política, donde el Gobierno ejerce una presión abusiva sobre los parlamentarios de la oposición”, indicó el comunicado.
Aleksandra Jerkov, la presidenta del comité de derechos humanos de la UIP, resaltó que la mayoría de los abusos sufridos por parlamentarios tienen su origen en presiones procedentes del Estado.
Tales presiones “no son solo un abuso contra la democracia, sino también un signo de debilidad”, señaló, y realizó un llamamiento para que los distintos gobiernos permitan a los parlamentarios “desempeñar su labor sin temor a represalias”.
Entre las violaciones más frecuentes que sufren los parlamentarios según la organización se encuentran, la suspensión abusiva del mandato parlamentario, la realización de juicios sin las debidas garantías y la violación del derecho a la libertad de expresión.
UIP recordó que ha propuesto en repetidas ocasiones el envío de una misión de verificación de los casos de parlamentarios venezolanos desde que se recibieron las primeras denuncias y el inicio de la crisis política, pero que éstas propuestas han sido rechazadas por el estado.
