CARACAS – Vicente Brito presidente de la Red por la Defensa del Trabajo, la Propiedad y la Constitución estimó que han sido tomadas, ocupadas o invadidas en los últimos 6 años alrededor de 200 mil propiedades, entre las que se encuentran más de 1.500 empresas, 15 mil fincas y 50 mil hectáreas.
Brito señaló que hay casas, apartamentos, propiedades turísticas, hoteles y haciendas asaltadas, por lo cual considera que este censo inmobiliario puede seguir propiciando estas ocupaciones ilegales de “corte marxista”.
Por su parte, el constitucionalista Oscar Arnal al interponer el amparo consideró que se violan derechos humanos y la inviolabilidad del domicilio establecida en la Constitución Nacional, cuando se ha denunciado que se están aprovechando del Censo de vivienda para irrumpir sin una orden judicial en casas y apartamentos y por decreto se penaliza a quienes no dan libre acceso a la vivienda.
El abogado recordó que solo es posible que una autoridad pública allane o ingrese a una vivienda bajo el consentimiento de su dueño, y debe existir sentencia definitiva de un tribunal que lo autorice, en caso contrario hasta el código penal establece sanciones para quienes atenten contra la inviolabilidad del hogar.
Denunció el plan “ubica tu casa” que pretende adjudicar viviendas vacías a miembros de los colectivos o afectos al oficialismo aprovechando el Censo de Población y Vivienda y el gran éxodo de venezolanos hacia el exterior.
La economista Sary Levy, considera que “los derechos de propiedad son fundamentales para el desarrollo de sociedades prósperas y en libertad”.
Destacó que el entorno político actual transgrede el Estado de derecho y Venezuela ocupa el puesto 127/129 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad. “Solamente supera a Haití y República de Yemen”.
Para Sary Levy, los funcionarios venezolanos deben entender el valor de los bienes particulares y empresariales para que una economía fluya.
Detalló que desde el Estado se debe velar por un sistema judicial eficaz, que contrarreste la corrupción.
Además, el gobierno nacional debe estimular a los ciudadanos a crear empresas y garantizar la seguridad de estas.
