Rafael Veloz, diputado a la Asamblea Nacional, aseveró que desde el año 2016 hasta el primer trimestre de 2019 el parlamento maneja la cifra de 8 mil 800 casos de empleados que han sufrido persecución por la vía de jubilación anticipada, congelación de sueldo o despido.
Reiteró que la Ley de Garantía para los Trabajadores Públicos aprobada en segunda discusión en el parlamento, pretende velar por los derechos y el restablecimiento de sus beneficios laborales, pese a las dificultades que se presentan.
Indicó que la AN articula con las organizaciones, sociedad civil, sindicatos y colegios de profesionales para lograr la defensa del los trabajadores por la vía pacífica, ante las dificultades que tiene el organismo para ejercer sus trabajo.
