El gobierno venezolano rechazó las nuevas sanciones emitidas contra individuos vinculados al programa Clap y denunció ante la comunidad internacional la reiterada agresión del gobierno norteamericano contra Venezuela.
A través de un comunicado el gobierno afirmó que las medidas buscan privar al pueblo de su derecho a la alimentación y es parte de una campaña de calumnias en contra Nicolás Maduro.
Asimismo, califica la decisión como terrorismo económico, que viola los principios del derecho internacional y forzar el cambio de gobierno por las vías no constitucionales.
