CARACAS – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Armando Armas, indicó que tras las sanciones que aplicó Estados Unidos contra militares venezolanos que presuntamente torturan a presos políticos, se deben incluir también a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que están involucrados en 5.000 ejecuciones extrajudiciales que se realizaron en 2018.
Recordó que el informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le recomendó a Nicolás Maduro disolver a la FAES.
También Armas aseguró que el texto instó a establecer un mecanismo imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para que se dedique a investigar “estas muertes violentas para que los culpables rindan cuentas y las víctimas obtengan justicia”.
“Las medidas adoptadas contra el General, Rafael Blanco; el Coronel, Hannover Guerrero; el Comandante, Alexander Granko y el Coronel, Rafael Franco, todos militares de la Fuerza Armada Nacional fue como consecuencia del arresto, abuso físico y muerte del capitán, Rafael Acosta Arévalo, ese hecho evidencia la violación de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por la dictadura contra la disidencia”, expuso.
El parlamentario señaló que pese a la petición de la ONU, el pasado miércoles Maduro felicitó al director de las Faes, José Miguel Domínguez y le ofreció todo el respaldo físico y logístico al denominado “escuadrón de la muerte”.
“Recordemos entre tantos otros hechos, que este 5 de marzo Maduro condecoró a los militares que impidieron la entrada de la ayuda humanitaria y protagonizaron una brutal represión en la frontera el 23 de febrero, ya antes lo había hecho con los oficiales que agredieron al pueblo durante las protestas de 2014 y 2017”, expresó el político.
Apoyo de la comunidad internacional
Asimismo, el también vicepresidente de la Comisión de Política Interior del Parlamento consideró que el apoyo de la comunidad internacional ha sido fundamental para que los responsables de torturas sean castigados.
“Todos estos casos han sido documentados y la Alta Comisionada de la ONU debe agilizar los trámites pertinentes para que la Corte Penal Internacional aplique las sanciones a que haya lugar”, manifestó.
