CARACAS – Este jueves 04 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro, presentó 70 observaciones sobre el informe que hizo público la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en el que se reconoce la grave crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.
Por medio de un comunicado oficial de la Cancillería, el gobierno señaló que el documento tiene una visión distorsionada, selectiva y parcializada del trato a los derechos humanos en la nación.
“No es objetivo, ni imparcial; un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos”, esbozó.
El oficialismo consideró que el término “crisis humanitaria” se utilizó con ligereza, porque la actual situación venezolana no encaja con los estatutos de la palabra en el ámbito del Derecho Internacional.
El gobierno justificó que utiliza el carnet de la patria, las cajas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLA) y el subsidio de los servicios básicos como medidas positivas para el poder adquisitivo de sus ciudadanos.
El texto desestimó numerosos puntos del informe por omitir los datos suministrados por ellos y expresa que la ONU acusó al régimen de Nicolás Maduro por calificaciones falsas.
“El informe acusa al oficialismo de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso”, alega.
El documento asegura que no existen personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, hecho que hace inaplicable la sugerencia de Bachelet sobre la liberación de los presos políticos.
“El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos’. Esta recomendación resulta inaplicable y, por tanto, equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, puntualizó el comunicado.
