CARACAS – Leonardo Palacios, experto tributario, afirmó que el nuevo impuesto al patrimonio busca acabar con lo que queda de propiedad privada en el país, así como con cualquier posibilidad de estímulo a la producción.
Para el abogado, el nuevo texto que pretenden aplicar, no tiene legitimidad de origen, pues la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no es competente para legislar, no fue objeto de consulta y fue auto impuesta.
Por otra parte la ley de la ANC viola el artículo 156.13 de la Constitución, ya que no armoniza con los tratados de doble imposición ni con las disposiciones internas en materia de establecimiento permanente, y viola además los principios de legalidad, representación y seguridad jurídica al facultar al Ejecutivo Nacional a modificar la alícuota impositiva por Decreto y no en Ley de Presupuesto.
Agregó Palacios que la ley de Impuesto al Patrimonio viola un principio rector del sistema tributario venezolano, como es el artículo 133 “al establecer que la exacción (exigencia funeraria no ajustada a los principios constitucionales) no es deducible del ISLR».
“ La exención para bienes y derechos de propiedad comunal, en términos establecidos en el Reglamento que se dicte al respecto, evidencia desdén por los municipio y muestra el afán de imponer el Estado Socialista Comunal.
Dijo que la Administración Tributaria no puede dictar normas para actualizar el valor de los bienes y que la tributación en un verdadero Estado de Derecho que responde a la ecuación tributo= democracia.
Aclaró que con este impuesto al patrimonio, la ANC promueve la inflación y un impuesto regresivo e injusto, y a la vez pervierte el sistema de corrección por Unidad Tributaria y eliminar sistema de ajuste por inflación.
Denunció quien también es presidente de la Asolación de Derecho Tributario, que este impuesto no está armonizado ni con el ISLR ni con el impuesto inmobiliario urbano, ni con el impuesto a las tierras ociosas.
Por último advirtió que esta norma carece de exposición de motivos, de precisiones conceptuales y se aprobó sin discusión de cada artículo, por lo que ni siquiera existe un registro de debate que pudiera apoyar cualquier interpretación de la ley.
