CARACAS – Este jueves, 04 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicó un informe en el que le solicitó al gobierno de Nicolás Maduro, adoptar medidas para detener las violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han registrado en Venezuela.
La ONU destacó que si el actual panorama del país no mejora, seguirá el éxodo de migrantes y refugiados venezolanos hacía otros países de América, buscando una mayor calidad de vida.
El informe se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en él se señala que el gobierno venezolano ha creado una estrategia orientada a “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El texto señaló la grave crisis económica que atraviesa el país, lo que ha ocasionado que la población se prive de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales como lo son la alimentación y los cuidados médicos.
El informe se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Visita de Bachelet a Venezuela
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, visitó el país desde el 19 hasta el 21 de junio, para encontrarse con el gobierno, la oposición y miembros de la sociedad civil, y así conocer los testimonios de estos tres sectores.
Tras su visita, la expresidenta de Chile, ordenó instalar un equipo de dos oficiales de su oficina en Venezuela, para prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de DDHH.
“Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes”, declaró Bachelet.
“La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promoviendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas” señaló la experta.
Presos políticos y DDHH
El texto detalló la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década. En el periodo que abarca el informe, tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones.
Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos.
El informe indica también que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su Presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Libertad de expresión
En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes.
“En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”.
Sanciones Impuestas y alimentación de los venezolanos
Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores, en el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis.
Además, señala, el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para mantener en funcionamiento los equipos. En el informe se cita a la Encuesta Nacional sobre Hospitales de 2019, que llegó a la conclusión de que, de noviembre de 2018 a febrero de 2019, hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, puntualizó Bachelet.
