CARACAS- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el miércoles al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo.
El capitán de corbeta Acosta Arévalo murió el sábado bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCiM) tras haber sido arrestado acusado de conspirar contra Maduro.
El capitán de corbeta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. El 28 de junio fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, incapaz de hablar y con señales de tortura. El juez ordenó su traslado a un hospital militar, donde murió en las primeras horas del 29 de junio.
La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó en un comunicado su alarma y preocupación por el fallecimiento, ocurrido, según ella, por probables actos de tortura.
El Estado tiene el deber de investigar los hechos alegados de manera transparente, imparcial, independiente y efectiva. La impunidad facilita la repetición, dijo el relator para Venezuela de la CIDH, y uno de los siete comisionados que la integran, Francisco Eguiguren.
El 22 de mayo, el órgano había señalado el recrudecimiento de las condiciones de detención en la DGCIM, instando al Estado venezolano a cumplir las medidas cautelares otorgadas en favor de los civiles y militares retenidos en ese lugar.
Gustavo Tarre, representante ante la OEA del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que pidió a la CIDH que visite Venezuela para investigar la muerte de Acosta Arévalo en profundidad.
El cuerpo del militar no ha sido entregado a los familiares de manera que no hay forma de garantizar una autopsia independiente. Pedimos a la CIDH que realice esta investigación para determinar quiénes son los culpables, dijo Tarre.
Un sargento y un teniente de 22 y 23 años fueron arrestados el lunes por la muerte de Acosta Arévalo, que desató una ola de condena internacional.
Pero pensar que estos son los verdaderos culpables es una denegación de justicia. Si fuera cierto que estos son los autores materiales, los culpables son los que dan las órdenes y esa culpabilidad empieza en Nicolás Maduro, apuntó Tarre, pidiendo que la investigación se enfoque primordialmente en los autores intelectuales.
El militar fallecido integraba un grupo de 13 personas detenidas por supuestamente intentar un “golpe de Estado” contra Maduro. Según el gobierno venezolano, el golpe debía realizarse los días 23 y 24 de junio e incluía el asesinato del presidente y altos funcionarios.
Venezuela no ha permitido visitas al país de la CIDH desde 2002, acusándola de haber convalidado el fallido golpe de Estado ocurrido ese año contra el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). El gobierno de Maduro, se retiró de la OEA (vinculada a CIDH) en abril, por lo cual no reconoce sus competencias.
