CARACAS – Adriana Pichardo, diputada miembro de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) advirtió que en ningún país que esté bien, se instala una comisión de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas ONU, sin embargo, la apertura de una oficina en Caracas, pudiera ser favorable para los venezolanos.
Pichardo indicó a través de una nota de prensa, que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas pudo obtener de primera mano testimonios de los familiares de los presos políticos quienes han sido víctimas de gravísimas violaciones a los DDHH, de tratos crueles e inhumanos y torturas por parte del Usurpador.
“Es increíble que por primera vez las víctimas de violaciones de DDHH hayan podido hablar con alguna autoridad y plantear su caso. Consideramos que esto constituye un gran avance para esas familias y para nosotros como sociedad. No queda duda que de la visita de la Alta Comisionada sólo saldrá la verdad, después de haber constatado en persona la profunda crisis humanitaria y de haber escuchado testimonios de las víctimas, entiende la premura, la urgencia del pueblo de Venezuela. La misma urgencia que requiere el cese de la usurpación. Sin Libertad no vamos a tener salud, no vamos a atajar la escasez, la hiperinflación, la hambruna, la muerte y el éxodo de venezolanos”.
Para la diputada, con la vista Bachelet se puso del lado de la población y podrá dar a conocer las graves denuncias de violaciones de DDHH y crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos a causa de la dictadura de Maduro.
Alertó que en Venezuela hay más de 700 presos políticos y 200 militares encarcelados por pensar distinto y desear un país libre y con oportunidades.
Ratificó Pichardo que sería imposible que la diplomática no haya notado la grave situación de persecución de la que somos víctimas todos lo que piensan distinto y ejercen el legítimo derecho a la protesta.
La parlamentaria manifestó que el informe que presentarán el mes de julio deben tomar en cuenta las migraciones forzadas que sobrepasan de 4 millones de ciudadanos que huyen escapando de la crisis, represión y violación de sus derechos.
