CARACAS – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, realizará sus sesiones en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Colombia, y también en una oficina privada en Washington, Estados Unidos, debido a que algunos de sus magistrados son perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Así lo informó, el presidente del TSJ, Miguel Ángel Martín, a los medios de comunicación cuando se instalaba en el Salón de las Américas de la OEA, acompañado del secretario general del organismo, Luis Almagro, quien apoyó esta acción.
A este encuentro asistieron decenas de figuras de la oposición venezolana y simpatizantes. No obstante, también hubo rechazo de algunos embajadores de los países miembros, que no asistieron a esta instalación oficial.
Inmediatamente, el TSJ opositor inició su primera sesión de trabajo en el Salón Miranda de la sede de la institución internacional. La próxima semana se realizará otra reunión en Colombia, pero todavía el lugar no se ha determinado.
Miguel Ángel Martín, especificó que la “sede” del TSJ en el exilio no será la OEA, sino que habrá “una oficina privada” en la ciudad de Washington.
Afirmó que el órgano que conduce volverá a realizar reuniones de trabajo en las instalaciones de la OEA.
Indicó que el tema objetivo fundamental que abordarán en las mesas de trabajo serán los derechos humanos y la apertura de un canal humanitario”.
Almagro a favor del TSJ en el exilio
Asimismo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó un discurso a favor del nuevo órgano de justicia y en contra del que se encuentra en Venezuela.
“Los magistrados (del Supremo opositor) tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo el excanciller uruguayo.
Señaló que el TSJ de Venezuela proviene de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), lo que significa que esta “deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos”.
El Parlamento venezolano designó el año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que están al servicio del Gobierno.
