CARACAS – La Organización No Gubernamental (ONG), Provea, manifestó su rechazo ante la propuesta que realizó la diputada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), María León de crear “Tribunales Populares” para así juzgar a aquellos venezolanos que el Gobierno Nacional considere “traidores de la Patria”.
Provea manifestó que no considera extraño que la administración de Nicolás Maduro decida y quiera realizar ejecuciones extrajudiciales de los miembros de la oposición.
“No hay duda que lo que León y sus seguidores pidieron fueron ejecuciones. Es decir asesinatos con el aval del pueblo. Esa es la propuesta de quienes se autodenominan humanistas. No extraña la propuesta. En los hechos todos los días la dictadura realiza ejecuciones”, señaló Provea.
La ONG insistió que las zonas más vulnerables del país pueden constatar sobre las ejecuciones que han realizado en numerables ocasiones los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Comando Nacional Antisecuestro (Conas).
Detalló que todavía hay más instituciones en el país para añadir a esa lista de cuerpos altamente represivos. Señaló que “los jóvenes pobres y morenos son las principales víctimas. Así tratan a los más humildes”.
La institución insistió que el Gobierno Nacional que lidera Maduro tiene un amplio registro de órdenes que violan los derechos humanos.
“Que la práctica de ejecuciones se traslade como castigo para los opositores nada extraña. Lo hicieron las dictaduras del cono Sur. Lo hizo Pinochet. Nada asombra si la implanta Maduro”, indicó la ONG.
Asimismo, Provea rechazó que el gobierno genere una respuesta a las protestas que se han originado en el país por la falta de servicios básicos com represión.
“El desespero de la población ante la prolongada interrupción del servicio (de agua), ha motivado que cientos de comunidades populares de Caracas y otras zonas del país, tomen las calles para demandar respuestas y el fin de la larga sequía”.
Puntualizó que ante este panorama “la respuesta del gobierno de facto ha sido la misma que registramos desde comienzos de año: el empleo de agrupaciones paramilitares y cuerpos élite de la fuerza pública para repeler las manifestaciones y castigar a quienes expresan su legítimo descontento”.
