CARACAS – Los cancilleres de los países del Grupo de Lima, luego de la reunión celebrada en la capital peruana, con el fin de determinar las medidas contra el gobierno venezolano, reiteraron que no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2019.
A través de un comunicado, señalan que el proceso electoral realizado el 20 de mayo de 2018 carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente.
En consecuencia, instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera de manera provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.
Asimismo, respaldan y reconocen a la Asamblea Nacional, escogida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano constitucional democráticamente electo en Venezuela.
Por otra parte, el documento de la reunión celebrada destaca la importancia de respetar la integridad, autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimamente conformado, de acuerdo con la Constitución venezolana, para la plena vigencia del Estado de derecho en ese país.
Restablecer la democracia
El Grupo condena la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, y advierte que sólo a través del restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos, se podrán atender las causas de la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país.
En el texto se hace un llamado a las naciones miembros de la OEA a reafirmar su apoyo a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana, a fin de contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela, toda vez que condenan cualquier provocación o despliegue militar que amenace la paz y la seguridad en la región.
Finalmente, exhortan al régimen venezolano a permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales, y reiteran la preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y las solicitudes de refugio a las diversas naciones vecinas.
Como resultados de la reunión entre los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, también se acordó:
Reevaluar el estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela con el fin de proteger a sus nacionales y restablecer la democracia; suspender la cooperación militar con el régimen de Maduro, y apoyar la petición de algunas naciones para que la Corte Penal Internacional investigue los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
