Mientras la atención del mundo y de los mismos peruanos estaba concentrada en las rocambolescas peripecias del Presidente Pedro Pablo Kuchynski quien, con tal de mantenerse en el poder, prometió su alma a dios y al diablo, el Congreso de la República promulgó el Proyecto de Ley 1123/2016-CR que promueve la construcción de carreteras y trochas carrozables en la amazónica región Ucayali.
De nada sirvieron las protestas de los indígenas, de diferentes organizaciones ecológicas y de derechos humanos, de algunas fuerzas políticas, y tampoco las exhortaciones de Papa Francisco quien, en su reciente visita a ese país, tras reunirse con representantes de los pueblos originarios, defendió su derecho a vivir tranquilos en el espacio que ocupan desde siempre y que representa, además, un pulmón verde indispensable para el futuro de la humanidad.
Con la hipocresía que caracteriza a muchos políticos, los congresistas del Partido Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, mientras hacían cola para besar la mano del Papa, contaban los minutos que faltaban para tener vía libre y promulgar una ley que va a enriquecer a unos pocos a expensas de las poblaciones más olvidadas y más vulnerables.
Fantástica “rentrée” para Alberto Fujimori quien, dentro de este juego sucio, logró recuperar su libertad. Muchos fueron sus delitos, entre ellos, uno de los más graves, fue justamente el genocidio al cual sometió a los pueblos indígenas cuando implementó un plan de esterilizaciones forzosas a más de 200 mil mujeres, en su mayoría indígenas, entre 1996 y 2000. Un plan de exterminio que quiso pasar como una medida de salud pública.
No sorprende el rechazo que expresaron las organizaciones indígenas ante el indulto concedido por Pedro Pablo Kuczynski al ex dictador.
Sin embargo Fujimori no ha sido el único en herir de muerte a los pueblos originarios. Basta recordar las denuncias hechas por Ojo Público en el reportaje “La carretera que corta el corazón de la Amazonía”, que ganó merecidamente el Premio a la Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias a la investigación que llevó adelante este medio digital se descubrieron los manejos del ex Presidente Alan García quien entregó un lote de 100 mil hectáreas en pleno corazón del Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri, a la sociedad estadounidense Hunt Oil. Una concesión que preveía la exploración minera y que, en la práctica, se ha convertido en una depredación del territorio en el cual viven las comunidades harakmbut, yine y matsiguenga.
Y ¡qué decir de las talas ilegales que están destrozando hectáreas de territorio amazónico peruano violando abiertamente los derechos humanos de los pueblos indígenas!
La Amazonia peruana perdió casi dos millones de hectáreas de bosques por deforestación en los últimos 15 años, según el “Mapa de la Amazonía peruana 2016”, elaborado por el Instituto del Bien Común (IBC).
La promulgación del Proyecto de Ley que permite la construcción de una carretera que uniría Brasil y Perú, no solamente hiere de muerte la Amazonia peruana, sino que pone en serio riesgo cuatro reservas indígenas y varias áreas naturales protegidas, entre ellas los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las Reservas Comunales Purús y El Sira y el Área de Conservación Regional Imiria. Amén de representar un peligro para muchas poblaciones indígenas en aislamiento o contacto inicial.
Esta ley que ha pasado bajo cuerda, ha mostrado una vez más el desprecio de los fujimoristas hacia el ambiente y los derechos humanos de los pueblos más vulnerables, en particular de aquellos que viven en aislamiento voluntario.
La construcción de esa carretera, como alertó en un comunicado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), “está colocando en grave riesgo la vida, salud, subsistencia, integridad y territorios de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. La referencia anotada en el proyecto de ley, que dicha declaración de interés nacional se realiza bajo el irrestricto respeto a las áreas naturales protegidas y los pueblos indígenas que lo habitan, es insuficiente y de ninguna manera garantiza el respeto y la protección de los derechos fundamentales de estos pueblos”.
Sin contar el peligro denunciado por la Ong Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), según la cual la construcción de esa vía en plena Amazonia podría propiciar el desarrollo de actividades ilegales.
En medio de la indiferencia general, contando únicamente en el apoyo de algunas Ong, centenares de personas luchan cada día para preservar territorios que deberíamos defender todos. Son héroes solitarios e invisibles quienes desafían la muerte a sabiendas que los espera en cada esquina. Según el informe Defender la Tierra de Global Witness casi cuatro personas fueron asesinadas cada semana en 2016 por proteger sus tierras y el entorno natural, de industrias como la minería, la tala y la agroindustria.
Si los dejamos solos, si no rompemos el silencio en el cual los poderosos quisieran envolverlos, también seremos culpables de sus muertes.
