CARACAS – El pasado 24 de agosto, EEUU giró sanciones financieras en contra de Venezuela. Se prohíbe a los estadounidenses tomar parte en transacciones que den financiamiento al gobierno venezolano o a Pdvsa, salvo deuda de corto plazo, compromisos emanados de Citgo o pasivos adquiridos para importaciones humanitarias.
Francisco Rodríguez –quien ha estado vinculado al chavismo desde siempre, mas no de modo radical-, quien es economista jefe de Torino Capital, ha sido tajante: las escasas alternativas para desplegar el proceso sin violar las normas norteamericanas y la poca probabilidad de que los acreedores admitan las nuevas condiciones, son los obstáculos básicos de Nicolás Maduro para reestructurar la deuda externa.
En su trinchera, María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, estima que reestructurar o refinanciar la deuda externa no aliviará la crisis venezolana, siempre que no se introduzca un orden en las cuentas fiscales.
La deuda: 68 mil millones de dólares
“Venezuela tiene una deuda externa en bonos de 68 mil millones de dólares emitidos por la República y PDVSA. Para noviembre y diciembre de este año, los compromisos con estos bonos ascienden a 2.134 millones de dólares y a 8.019 millones durante el 2018. La deuda externa está compuesta por compromisos distintos a los bonos”, se lee en un despacho del portal Prodavinci, fechado el pasado 03 de noviembre.
La misma nota establece que: “Estimaciones consistentes con la metodología del Banco Central de Venezuela ubican el monto total de la deuda en más de 175 mil millones de dólares. La caída de los ingresos, consecuencia de la baja de los precios y de la producción, ha disminuido la capacidad de generar divisas de Venezuela. Para el año 2016, ya la deuda representaba una proporción mayor a sus exportaciones: 437,16%”.
Francisco Rodríguez dijo que, por ejemplo, Venezuela podría refinanciar su deuda sin contravenir con las normas norteamericanas echando mano de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) de sus bonos soberanos. Con esto cambia los términos de la obligación. Esta modificación no produce un compromiso nuevo: altera los términos de los ya existentes.
