CARACAS – La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, apoyó la misiva enviada por la Cancillería de Colombia a la ONU, en la que se refirió al país como un “Estado fallido” y en la cual se responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por el “colapso económico, social e institucional”.
“Canciller de Colombia Claudia Blum: Venezuela es un Estado fallido, usurpado por un régimen totalitario cómplice de grupos armados narcoterroristas. Se lo dice con todas sus letras al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad. Más claro imposible”, expresó Machado a través de su cuenta en Twitter.
En este sentido, la dirigente de los factores democráticos abogó por una respuesta de la ONU ante el documento enviado por Colombia, afirmando que “la indiferencia es complicidad”.
Civiles en cárceles militares
Un total 31 civiles detenidos durante la confrontación armada entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y un sector disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron trasladados a la unidad de Procesados Militares (Procemil) del Centro Penitenciario de Occidente (CPO), denunció el director general del Comité Internacional Contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez.
“Me informaron los abogados del Alto Apure y familiares de los detenidos dentro de ese marco de la confrontación armada, que la mayoría de ellos fueron trasladados al pabellón de procesados militares (Procemil) de la cárcel de Santa Ana del Táchira, lo cual agrava la situación de los familiares de las víctimas porque a duras penas podían ir a visitarlos a Guasdualito y trasladarse a San Cristóbal o a Santa Ana es mucho más difícil”, señaló.
Según testimonio de sus familiares, se trata de obreros sacados de las fincas donde estaban trabajando. Hay también agricultores y campesinos, pequeños comerciantes, docentes, incluso algunos líderes espirituales dedicados a cultos cristianos. En su mayoría han sido acusados por traición a la patria, subversión y terrorismo, cuando no existen elementos probatorios en su contra de acuerdo a expertos en la materia. Y en caso de que existieran, debían ser procesados por tribunales civiles y no por tribunales militares, explicó.
“Estas detenciones ordenadas por el juez militar de Guasdualito prácticamente son jerárquicas, porque obedecen a órdenes superiores que recibió el juez, por eso vamos a estar pendientes de este caso para apoyarlos porque consideramos que hay una detención arbitraria y una privación ilegítima de la libertad de estas personas”, denunció.
Márquez agregó: que “los detenidos están al margen del conflicto y no tienen ningún vínculo con la subversión”.
La semana pasada el ex diputado realizó un recorrido por el Alto Apure y Arauca, y las zonas de Arauquita y El Amparo con el objetivo de investigar in situ las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos en la localidad de La Victoria y sus alrededores, estuvo acompañado de Ana Hernández, directora general de la Fundación El Amparo.
Redacción Caracas
