Ortega acusa de terrorismo y confisca universidad jesuita

Personal universitario retira el Cristo crucificado de la capilla de la UCA. CORTESÍA

SAN JOSÉ – El gobierno de Daniel Ortega ordenó el cierre y la confiscación de todos los bienes de Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, tras acusarla de “terrorismo” informó el centro educativo jesuita

“Hemos recibido oficio del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, en el que se nos notificó la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, denunció la alma mater en un comunicado.

“En razón de ello, la UCA suspende a partir de hoy todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, agregó la institución manejada por la Compañía de Jesús.

La Universidad Centroamericana tiene aproximadamente cinco mil estudiantes y fue la primera universidad privada que se estableció en Centroamérica, explica la página oficial del centro de estudios.

Considerada el último centro de pensamiento independiente que quedaba en Nicaragua, es una de las universidades más importantes del país. En ella estudiaron al menos tres de los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el mismo presidente hizo un semestre en 1963 en esta universidad antes de integrarse a la guerrilla sandinista, según reseñas de la prensa local.

Durante una ola de protestas antigubernamentales masivas en 2018, la UCA sirvió de refugios a estudiantes y manifestantes en medio de una feroz represión de las autoridades.

Tras la confiscación, la UCA pasará, como otras 26 universidades privadas, a manos del régimen sandinista que ha desarticulado el pensamiento crítico en Nicaragua, con el cierre de 3.321 organizaciones no gubernamentales, la detención y destierro de centenares de opositores y críticos del gobierno desde el año 2018, incluyendo sacerdotes, políticos y dirigentes gremiales y sociales.

Redacción Caracas

 

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