MADRID – Santiago Abascal, líder de Vox, no podía haber sido más claro. Dijo que el Partido Popular no deberá aceptar el reparto de jóvenes migrantes en aquellas comunidades en las que gobiernan juntos. En su opinión, hacerlo sería traicionar el “espíritu y la letra de los pactos regionales” entre conservadores y extrema derecha.
El 18 de junio, en Tenerife, el Gobierno ilustrará los alcances de la reforma a la Ley de Extranjería a representantes de las comunidades autónomas. De acuerdo con lo informado por voceros del Ministerio de Juventud e Infancia, la reforma de la Ley de Extranjería establecería criterios objetivos en el reparto de menores inmigrantes. A saber, se procederá a su traslado cuando el número de jóvenes supere en un 150 por ciento la capacidad de acogida de la Comunidad autónoma. También se tomarían en cuenta la renta, el desempleo y el número de menores ya acogidos, entre otros.
En la “Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia”, a la que se estima asistan todos los consejeros de las comunidades autónomas, el gobierno espera poder consensuar criterios que permitan descongestionar las regiones de “llegada” sin afectar el desarrollo armonioso de las demás.
Abascal ha advertido que las alianzas regionales ya están en peligro y ha acusado el líder del Partido Popular de ser “cómplice” También de “regularizar de golpe a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España”.
“Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su alcance para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada – amenazó el líder de la extrema derecha -, nosotros cumpliremos con el compromiso de nuestros votantes, cumpliremos nuestra palabra”.
Sin embargo, en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Murcia y Extremadura y en la Comunidad Valenciana en los acuerdos de Gobierno entre el Partido Popular y Vox no se hace referencia expresa a la acogida de menores migrantes no acompañados. Tampoco se hace referencia a “menores migrantes” en el pacto de Gobierno que conservadores y extrema derecha firmaran en Aragón. Tan solo se precisa que se exigirá además del certificado de empadronamiento también la acreditación de permiso de residencia para acceder a ayudas autonómicas. También se especifica que se prohibirá “cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos”.
El presidente de los “populares”, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al jefe de Gobierno, Pêdro Sánchez, de carecer de una política migratoria y ha asegurado que todas las comunidades autónomas en las cuales el Partido Popular gobierna, ya sea en solitario ya sea con Vox, ha cumplido su obligación de solidaridad con los menores migrantes.
Por su parte, Borja Sémper, portavoz de los populares, sobre el reparto de menores, ha dicho que la colaboración “de las comunidades que reciben menores debe ser fundamental”. Sin embargo, ha reclamado que el gobierno no las está dotando de los recursos que necesitan.
“Tenemos un problema muy serio en Canarias, están saturados, no son capaces de absorber el volumen de inmigrantes que llegan y hay que buscar una solución solidaria en toda España”.
Sémper ha denunciado que el “Gobierno que no se ha centrado en la política migratoria”,
