MADRID – Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que actuaron en el juicio del “proces” no están de acuerdo. Y así se lo hicieron saber al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, quien había ordenado amnistiar todos los delitos de los líderes independentistas. Consideran que es “improcedente”.
La respuesta de los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal ha sido formal y por escrito. Se han negado a acatar la orden y han convocado una Junta de Fiscales de Sala apelando al Art. 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La junta se celebrará el martes venidero. García Ortiz no se ha opuesto a la solicitud de los fiscales “rebeldes”. Todo lo contrario. Ha convocado inmediatamente a los 38 fiscales de sala. Espera que del cónclave puedan salir criterios comunes y definitivos. Y, así, zanjar el problema y aplicar sin más polémicas o demoras la Ley de Amnistía.
Los cuatro fiscales “rebeldes”, en su carta al Fiscal General del Estado, consideran que los argumentos esgrimidos “para justificar la aplicación incondicional de la ley de amnistía a los hechos constitutivos de malversación de esta causa especial no desvirtúan en absoluto los criterios jurídicos plasmados” en los informes. Y tampoco “las soluciones que se proponen en los mismos”.
El Fiscal General había solicitado se amnistiase a los condenados que cumplen pena de inhabilitación. Decimos, al ex vicepresident, Orio Junqueras; a los consellers Jordi Turul, Dolores Bassa y Raül Romeva y a los fugados Carles Puigdemont, Toni Común y Lluis Puig. Estos últimos no pudieron ser juzgados.
García Ortiz estima que los cuatro fiscales, en su informe, confunden el “ánimo de lucro”, que requiere el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial”. Este último es un delito que la ley de amnistía no contempla.
Además, el Fiscal General censura que los fiscales “rebeldes” utilicen “de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico”. Considera que, de esta manera, se compromete “la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que, por ello, resultan de todo punto improcedentes”. “valoraciones innecesarias”. Les recuerda la obligación de abstenerse “de emitir opiniones personales”.
El Fiscal General también explica que el objeto de la Ley de Amnistía es “aminorar el conflicto territorial, político y social sufrido en Cataluña entorno al denominado proces independentista”.
La reacción del mundo político ha sido desigual. Cuca Gamarra, Secretaria general del Partido Popular, ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado. Por su parte, Miguel Tellado, portavoz de los “populares” en el Congreso ha escrito en su cuenta en “X”:
“Sánchez está nervioso porque la legislatura se le escapa y el Fiscal General del Estado ejecuta. La palabra escándalo se queda muy corta, y apelar a la dignidad del cargo, en su caso, es imposible”
Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica, ha señalado que “la única salida que le queda al Fiscal General de Estado es la dimisión”.
Patxi López, vocero del Psoe en el Congreso, ha asegurado que los socialistas respetan todas las instituciones. Y ha acusado al Partido Popular de querer desestabilizarlas.
Mientras tanto, Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana en el exterior, duda. Implicada en los hechos que sacudieron Cataluña en 2017, teme que a su regreso a España puedan imponerle prisión preventiva. En su opinión, no es claro que las medidas cautelares que pesan en su contra decaigan.
Redacción Madrid
