CARACAS – Las autoridades de El Salvador buscan capturar a un remanente der 8.000 miembros de pandillas o maras antes de “relajar” el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende derechos constitucionales.
“Es un aproximado de 8.000 miembros (de pandillas) que tenemos pendientes de capturar”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, y agregó que están “haciendo un barrido a nivel nacional” y coordinando acciones con países vecinos para la búsqueda y captura de estas 8 mil personas.
“Ese Estado criminal paralelo al que nos enfrentamos (pandillas) está completamente destruido. Obviamente hay remanentes” y “todos esos perfiles de esos más de 8 mil objetivos están en la palma de la mano de nuestra fuerza del orden, precisamente para ir sometiéndolos a la Justicia”, apuntó Villatoro.
El ministro detalló que, bajo la vigencia del régimen de excepción desde el año 202, que suspende el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las comunicaciones y amplía hasta 15 días la detención administrativa, suman más de 80 mil detenciones, de los que únicamente 8 mil personas estarían en libertad condicional.
“Es una guerra de resistencia, no es algo rápido, no se pueden borrar 20 años en tres años” y “vamos a ir jugando con todas esas medidas (de seguridad) para relajar un poco los artículos (de la Constitución) que se comprometen dentro del régimen”, indicó el titular de Seguridad.
Agregó que en este proceso es importante el “liderazgo” del presidente Nayib Bukele “para poder analizar cómo vamos a relajar el régimen de excepción” y que “queden únicamente aquellas herramientas” necesarias para las fuerzas de seguridad y Fiscalía General de la República .
Las pandillas funcionaban como un “Estado paralelo”, operaban en el 90% del territorio y recaudaban unos 2.000 millones de dólares al año mediante extorsiones y otras acciones, explicó Villatoro.
La violencia de esas bandas en las últimas tres décadas dejó unos 125.000 muertos, según cifras oficiales.
Pese a la aprobación ciudadana a la política de seguridad del presidente Bukele, Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y otras oenegés locales denuncian “detenciones indiscriminadas” y más de 300 muertes bajo custodia estatal con el régimen de excepción.
Redacción Caracas
