MADRID – “Participación preeminente”. Apenas dos palabras para calificar el rol que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz desempeñó en la filtración de correos relacionados con el fraude fiscal que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Son las palabras empleadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en su informe. En el documento, la Uco indica que el fiscal general tuvo un papel crucial en la “filtración” de documentos a la prensa que pusieron a Alberto González Amador, al centro de la atención. Y que, aun cuando indirectamente, involucraron a la presidenta madrileña.
El informe al que tuvo acceso la agencia Efe inmediatamente después de que el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo levantara el secreto del sumario, revela que el “Diario.es” hizo pública la existencia de una investigación por presunto fraude fiscal antes de que González Amador fuese oportunamente informado. La Uco señala que la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, transmitió toda la documentación sobre la denuncia al fiscal general el 8 de marzo. La primera filtración remonta al 12 de marzo. El “Diario.es” publica la noticia a las 6:01 horas, al tiempo que los abogados del implicado reciben la notificación del fiscal del caso, Julián Salto, a las 9:23.
Un día después, el diario “El Mundo” publica una historia basándose en un correo enviado por el fiscal Salto. Entonces, la Uco comienza la investigación cuyos resultados han sido resumidos en el informe.
La Uco en el dossier, destaca que tan solo un número muy reducido de personas, en la Fiscalía, conocían el contenido de los correos y sabían que la Fiscalía de Madrid estaba preparando un comunicado. Es por eso que sospecha que las “filtraciones” comienzan en ese círculo reducido compuesto por al menos cinco fiscales. Son ellos los que habrían tenido la posibilidad de “filtrar” la información a los medios.
El informe de la Uco indica la existencia de irregularidades muy graves en el manejo de la información que poseía la Fiscalía. Y las implicaciones podrían salpicar directamente a la imagen del fiscal general del Estado. El dossier revela la existencia de un patrón preocupante sobre la “filtración” de información a los medios de comunicación. El contexto político en el que se desenvuelven los implicados, de acuerdo con la Uco, añade un ingrediente adicional al “caso” que se torna más complejo y delicado.
Redacción Madrid
