CARACAS – La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este martes una reforma al Código Penal que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado aún cuando se encuentren fuera del territorio nacional.
La iniciativa, enviada por el presidente Daniel Ortega al Congreso unicameral, controlada por el gobernante Frente Sandinista, fue aprobada en el plenario de forma unánime por 88 votos.
Estos cambios permitirán al gobierno de Ortega enjuiciar a nicaragüenses que no se encuentren en el país, incluyendo opositores exiliados o desterrados, y sentenciarlos con multas, confiscación de bienes y penas que van de seis meses a 30 años de cárcel, así como con la prisión perpetua en caso de delitos considerados graves.
Al incluir a extranjeros como sujetos de juicio y cárcel, el gobierno podría procesar a más de 300 opositores nicaragüenses que en 2023 fueron despojados de su nacionalidad y han adoptado otras como la española, entre ellos, líderes políticos, conocidos intelectuales, artistas y defensores de derechos humanos.
La reforma sanciona también a quien en Nicaragua o desde el exterior “promueva, solicite o gestione sanciones o bloqueos económicos, comerciales y financieros” contra el Estado, sus negocios o sus funcionarios, para lo cual se impondrán penas de 10 a 15 años de prisión.
Este delito se castigará además con “la inhabilitación y la confiscación de bienes o activos delictivos o bienes de valor equivalentes”. Las penas aumentan hasta 30 años de cárcel para quien “incite, promueva, induzca, facilite o realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua”, delito por el que ya han sido juzgados cientos de opositores.
Pocas horas antes de la aprobación de la reforma, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que esa medida “agravará la situación” de miles de nicaragüenses exiliados.
“Si esta ley se adopta se criminalizará más la disidencia, incluso en el caso de los que están exiliados y que enfrentan grandes dificultades”, advirtió el portavoz de ese organismo, Thameen Al-Kheetan.
En un informe presentado ese mismo martes en Ginebra, esa oficina de la ONU acusó al régimen de Ortega de seguir “persiguiendo no solo a quienes expresan opiniones disidentes, sino también a cualquier persona u organización que actúe de forma independiente o que no esté directamente bajo su control”.
Redacción Caracas
