MADRID – ¿Habrá cambios de última hora en la propuesta de Ley de Amnistía? Muchos se lo preguntan y razones no les faltan. La incógnita seguirá hasta el debate de mañana e inclusive hasta minutos antes de la votación en el Congreso de los Diputados.
El Psoe está convencido de que el proyecto de Ley está blindado y de que no necesita correcciones “las minute”. Aun así, el líder del Psc, Salvador Illa, prefiere dejar la puerta abierta. Confiesa que siguen las conversaciones “en el tramo final”. Si habrá algún retoque, dice el ex ministro de Sanidad en tiempos de pandemia, “tendrá que ir orientado a un solo objetivo: la solidez jurídica”.
En Junts todos callan. Los líderes independentistas, a quiénes preguntan, contestan que no hablan de las negociaciones. Quien, en cambio, no calla y no pierde ocasión para atacar el Psoe y condenar el proyecto de amnistía es el Partido Popular.
– Han llegado a justificar el terrorismo – la referencia de Alberto Núñez Feijóo, presidente de los “populares”, es a los socialistas y a sus aliados -. En su huida hacia adelante, el Psoe ya es más crítico con los jueces que investigan que con los políticos que lo justifican.
Y a propósito de jueces, Manuel García-Castellón decidió prorrogar por otros seis meses la causa de “Tsunami Democratic”. Considera que podrían existir evidencias de “terrorismo” en las protestas que sacudieron Cataluña a raíz de la sentencia del “proces”. Señala que faltan diligencias por hacer.
La tesis del juez, “Tsunami Democratic” fue una organización terrorista, pondría al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fuera del alcance de la amnistía. De hecho, García-Castellón cree que el líder independentista podría haber sido uno de los cabecillas del movimiento cuya finalidad, considera el juez, era subvertir el orden constitucional y desestabilizar política y económicamente el Estado. De resultar cierta su teoría, se apoyaría en la Convención del Consejo Europeo para la Prevención del Terrorismo para acusar a Puigdemont. En la Convención se califica delito de terrorismo cualquier acto hostil contra la aviación civil.
Como si eso fuera poco, otro juez, Joaquín Aguirre, ha decidido prorrogar seis meses la “instrucción de la trama rusa”. Esta involucra, entre otros, Josep Lluís Ayala, Jaume Cabaní y Víctor Terredellas. En opinión del titular del Juzgado de Barcelona, estas personas, cercanas a Puigdemont, podrían haber tenido vínculos con diplomáticos extranjeros interesados en desestabilizar España y, a través de esta, la Unión Europea. Se habla de encuentros “carbonari” en las oficinas de la Generalitat pocos días antes de la declaración unilateral de independencia. El juez cree factible que Puigdemont pudo haber recibido financiamiento de Rusia y hasta una oferta de apoyo militar.
Mientras los jueces tratan de acorralar Puigdemont y ponerlo con la espalda contra la pared, la crisis sacude la extrema derecha de Santiago Abascal, aliado del Partido Popular.
Apenas dos días después que Abascal, elegido nuevamente presidente de Vox, se mofase de los medios de comunicación y declarase que “las divisiones en Vox son película de ciencia ficción”, ha estallado la revuelta en Vox de Baleares.
Cinco diputados críticos con las estrategias impuestas desde Madrid han dado un “golpe”, han tomado el control del grupo parlamentario regional y han expulsado la líder de Vox en las islas, Patricia de las Heras, y al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.
La respuesta de la cúpula de Vox ha sido inmediata. Ignacio Garriga ha expresado el respaldo a los “expulsados”, suspendido a los “rebeldes” y anunciado medidas disciplinarias.
Lo sucedido en Baleares pareciera ser la punta del Iceberg y en Vox temen que pudiera producirse una implosión con resultados impredecibles.
A.T./Redacción Madrid
