Asamblea de Ecuador retoma el juicio político a expresidente Lasso

Daniel Noboa (Izquierda) y Guillermo Lasso (derecha). EFE

QUITO – La Asamblea Nacional de Ecuador acordó reiniciar el juicio político al expresidente Guillermo Lasso, quien intentó evitar ese proceso con la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones en mayo pasado.

Los nuevos legisladores, recién posesionados después de los comicios adelantados en los que salió ganador Daniel Noboa, retomarán el proceso por su presunta participación en el delito de peculado en el caso “Encuentro”, una supuesta trama de corrupción que la Fiscalía indaga en al menos cuatro empresas públicas.

Para censurar al exmandatario, se requieren 92 de 137 votos favorables del parlamento dominado por el bloque de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, quien mantuvo una abierta confrontación con el gobierno de Lasso durante sus dos años y medio de gestión.

El proceso de destitución a Lasso, al darse con posterioridad a su salida de la presidencia, es de orden político pero los impulsores del juicio político buscan que el exmandatario quede inhabilitado para ejercer cargos públicos.

En mayo pasado, poco antes de que se produjera el juicio y su eventual destitución en el congreso, Lasso decidió acortar su mandato y disolver la Asamblea con el mecanismo llamado de “muerte cruzada”.

Antes de pasarle la banda presidencial a Noboa el pasado 23 de noviembre para un breve período de 1 año y 6 meses, Lasso dijo que  aplicar la muerte cruzada “sostuvo la democracia ecuatoriana porque detuvo a un proyecto político que se propuso la desestabilización” de su gobierno.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, consideró que Lasso “tiene que ser censurado”, mientras Juan Fernando Flores, exconsejero del gobierno de Lasso dijo que la convocatoria a juicio es “ilegal e improcedente”, pues Lasso ya no es presidente y la Asamblea de entonces fue disuelta con la muerte cruzada, y añadió que es una “acción arbitraria que violenta en todo sentido el marco jurídico” del país.

Redacción Caracas