Fiscal de Perú denuncia a Boluarte por las muertes en las protestas

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LIMA – La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, anunció que denunció en el Congreso a la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, tras la puesta en marcha de una investigación abierta en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.

“Informo que he formulado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra los ciudadanos Dina Boluarte y Luis Alberto Otárola”, dijo en una declaración en la que aseguró que la investigación abierta en su contra “tienen como propósito” amedrentarla para que no continúe su “lucha contra la impunidad”.

La fiscal también expuso una denuncia contra los tres exministros de Interior que ocuparon la cartera durante la ola de protestas, César Cervanes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

A los cinco los denunció por la presunta comisión de delito de homicidio calificado.

La Policía y un equipo especial de la Fiscalía de Perú pusieron en marcha este lunes una operación en varias sedes del Ministerio Público por una presunta trama de tráfico de influencias que estaría liderada por la fiscal general y que implica a tres de sus asesores.

Como parte de este operativo, denominado Valquiria V”, este lunes resultó detenido Jaime Villanueva Barreto, quien se desempeñaba hasta ese momento como gerente central del Despacho de la Fiscalía.

“Esta madrugada, el Ministerio Público ha sido objeto de un ataque premeditado de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder”, agregó en el pronunciamiento.

De su lado, Boluarte calificó la denuncia de Benavides en su contra como  una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía.

Benavides «tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», ripostó la mandataria.

El pasado 24 de octubre, la Fiscalía extendió por ocho meses adicionales la investigación preliminar abierta por las muertes en las protestas, en la que la mandataria  fue citada como parte del proceso, por la presunta comisión del delito de genocidio, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones.

Las protestas se desataron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo luego que intentara un auto golpe de Estado en diciembre de 2022 y se extendieron hasta marzo pasado.

Redacción Caracas