MADRID – “El camino a la dictadura”, “el mayor atentado contra el Estado de Derecho”, “venden una nación con siglos de historia”. Son expresiones pronunciadas por Isabel Díaz Ayuso. Hipérboles que indican el clima de crispación que reina a sus anchas en la política española. La propuesta de Ley de Amnistía, y ahora el pacto con los independentistas catalanes, divide la sociedad española. Quienes a favor y quienes en contra.
Otra manzana de la discordia. El acuerdo alcanzado por Psoe y Junts es el resultado de negociaciones complejas. La larga espera, en contraste con las expectativas de un rápido desenlace, ha contribuido a caldear los ánimos. Ha sido el caldo de cultivo del clima de tensión avivado por la extrema derecha. Las manifestaciones a la puerta de la sede del Psoe son el resultado tangible.
Para el Psoe, el acuerdo con Junts, más allá de la discrepancias que separa las dos organizaciones política, abre una nueva etapa. Su objetivo, al igual que los indultos, es devolver la paz y la convivencia a Cataluña. Y, de paso, restituir a la política un conflicto que nunca tenía que haberse “judicializado” – Sánchez dixit -. Por consiguiente, el acuerdo borra de raíz un elemento de conflictividad.
Santos Cerdán ha subrayado en Bruselas que “no se trata de un acuerdo de investidura, sino de legislatura”. Y Carles Puigdemont ha precisado que la legislatura depende de que se cumpla lo pactado.
El Psoe accedió a todas, o casi todas, las exigencias de Junts. A comenzar por la propuesta de Ley de Amnistía, la mesa de trabajo y la verificación internacional. A cambio, Junts, entre otras cosas, se comprometió a respetar el marco constitucional y estatutario. Es decir, a renunciar a la unilateralidad. O, lo que es lo mismo, a un referéndum secesionista que no sea pactado con Madrid.
Psoe y Junts también han acordado la creación una “comisión de investigación” cuya responsabilidad será determinar si alguien ha sido perseguido por “razone políticas”. Es el “lawfare”, que tanto defienden los independentistas. Este punto del acuerdo ha provocado la reacción de los jueces. El concepto de “judicialización de la política”, a la que hizo referencia en reiterada ocasiones el mismo presidente del Gobierno, ha sido rechazado de plano por las cuatro asociaciones de jueces más representativas, incluyendo la progresista. Y llaman la atención sobre sus consecuencias.
La reacción del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy dura. Dijo que “España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”. Subrayó que”el independentismo está avanzando en todos sus objetivos”. Y acusó de nuevo a Pedro Sánchez de quebrar “la igualdad de los españoles ante la ley” y de transformar “en legales hechos delictivos”. Insistió en que los “acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos”.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado enfáticamente que “se ha puesto definitivamente en marcha el golpe contra la nación, la democracia y la ley” y ha remachado que “los golpistas del PSOE y Junts han sellado su amenaza a la unidad nacional y la libertad”. El presidente de la ultra derecha ha prometido “resistencia civil” y asegurado que recurrirá “a la movilización institucional en la calle y a la resistencia frente a un Gobierno que va a lograr ser investido con quienes quieren destruir la nación”.
Los sindicatos CC.OO y UGT, los más representativo del mundo del trabajo, no esconden que el proyecto de Ley de Amnistía, así como los acuerdos con independentistas, republicanos y nacionalistas pueda “ser una terreno polémico y resbaladizo. Sin embargo, coinciden en señalar que “es necesario apostar por la normalización de la vida política y social” en España.
Ahora se abre otro compás de espera: la fecha del debate de investidura. Se espera que Francine Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, haga el anuncio oficial. Todo indica que el debate parlamentario tenga lugar los días 15 y 16 de noviembre. Mientras tanto, continuarán las manifestaciones de protesta.
A.T./Redacción Madrid