QUITO – El Fiscal de Ecuador Leonardo Palacios fue acribillado por sicarios en la ciudad de Durán, siendo el cuarto funcionario judicial ultimado en un año, en medio de la ola de violencia que vive el país.
“Se confirma la muerte del agente fiscal Leonardo P. V., tras un ataque perpetrado hoy en su contra, en Durán. Personal de Fiscalía, Policía (Criminalística y Policía Judicial) recaban indicios en la escena del crimen”, informó el Ministerio Público este jueves.
Palacios recibió más de 35 disparos, tras ser emboscado por un vehículo cuando se dirigía a su vivienda a bordo de su auto, luego de concluir una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato.
El fiscal iba acompañado por una secretaria de la Fiscalía, quien resultó ilesa, indicó el jefe del distrito policial de Durán, coronel Jorge Hadathy.
El jefe policial dijo que recogieron más de 40 indicios balísticos de calibre 9 milímetros ( de subametralladora) en el lugar y que realizan las investigaciones para dar con los responsables.
“Ya se inició la indagación previa para determinar la motivación del crimen. Tenemos dos versiones de testigos, pero contradictorias”, comentó Hadathy.
La muerte de Palacios ocurre el mismo día en que la Fiscal General, Diana Salazar, denunció que recibió amenazas de muerte a través de Whatsapp y luego que el 15 de mayo, sicarios intentaran asesinar al alcalde de Durán, Luis Chonillo que salió ileso, pero el ataque dejó dos policías y un conductor muertos.
Desde mayo de 2022 han sido asesinados tres funcionarios del sistema de justicia de Ecuador, además de Palacios: el fiscal Edgar Escobar, un juez en la localidad amazónica de Lago Agrio y una fiscal de tránsito en el puerto pesquero de Manta. Todos murieron baleados.
Este mismo jueves, el Gobierno de Ecuador emitió un reglamento de respaldo a la ley sobre el uso legítimo de la fuerza, para proteger legalmente a las fuerzas policiales en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo.
«Hoy damos otro paso importante en nuestro propósito de mejorar las condiciones y herramientas que tienen policías y militares para actuar en defensa de los ciudadanos, y proteger derechos y libertades», aseguró el presidente Guillermo Lasso, al suscribir el documento.
El mandatario añadió que “es absurdo que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó»,
El reglamento a la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza define con claridad que «la materialización del acto ilícito es la amenaza o peligro inminente que puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos y de los miembros de la fuerza pública», explicó la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado en un comunicado.
Con la normativa, la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa la respalda, pues los instrumentos legales «guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo», añadió la Secretaría en su escrito.
Ecuador sufre una espiral de violencia en los últimos años por la actuación de bandas criminales y narcotraficantes que se disputan el control del tráfico de droga en el Pacífico y que incluyen ataques con explosivos, sobre con bombas a periodistas, acciones de sicariato y ataques a patrullas y sedes policiales.
Redacción Caracas
