BOGOTÁ – La relatora experta de la ONU, Siobhán Mullally, advirtió que la trata de personas sigue debilitando la consolidación de la paz en Colombia, tras un recorrido en el país.
“La trata de personas es cometida por grupos armados no estatales y organizaciones criminales para apoyar sus actividades y controlar a las comunidades. Afecta especialmente a las comunidades afrocolombianas y rurales, a los pueblos indígenas y a los y las migrantes venezolanos”, afirmó Mullally en una rueda de prensa este martes.
Tras su visita a algunas ciudades de Colombia (Cartagena, Cúcuta, Medellin, Apartadó, Necoclí, Pasto e Ipiales), Mullaly señaló que los ”desplazamientos relacionados con los conflictos contribuyen a aumentar el riesgo de trata de personas debido a la pérdida de medios de subsistencia, la pérdida de alojamiento y la ruptura de las redes comunitarias y familiares”.
Detalló que en Colombia están presentes todos los tipos de explotación y de trata; incluidos el reclutamiento forzoso de menores por parte de grupos armados, trabajo forzoso de menores, matrimonio forzado y explotación sexual, entre otros.
En el caso de los niños, dijo, son utilizados en combates indirectos, mientras que las niñas son víctimas de delitos sexuales.
La experta de la ONU pidió además al Gobierno prestar especial atención a los niños y adolescentes separados de sus familias sobre todo en zonas de frontera debido a la crisis migratoria, pues la exposición a los riesgos de trata es mayor.
“Las medidas de protección deben ser a largo plazo y contar con todos los recursos necesarios”, insistió la relatora especial sobre trata de personas.
En 2022 se registraron 111 casos de trata de personas en Colombia, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El 62% de las víctimas fueron explotadas bajo la forma de prostitución y otras formas de explotación sexual, afectando a cientos de migrantes venezolanos.
La semana pasada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que 1.082 niños y adolescentes venezolanos siguen bajo su custodia, pese a los intentos que realiza para su reunificación familiar y restablecimiento de derechos, en medio de la migración de los últimos años y el silencio del gobierno de Venezuela
El ICVF señaló que los menores de edad han llegado al país en condiciones de vulnerabilidad, sin la documentación legal necesaria y sin la compañía de sus familiares. Algunos de ellos han sido víctimas de trata de personas, explotación sexual comercial o violencia intrafamiliar.
El instituto agregó que entre 2015 y 2022 el Estado colombiano tuvo que intervenir para proteger a unos 14.172 menores de edad migrantes y refugiados venezolanos.
Redacción Caracas
