TEGUCIGALPA- El Gobierno de Honduras extendió este sábado por 45 días más, hasta el 5 de julio el Estado de excepción dirigido a confrontar la ola delictiva en el país. La prórroga de la medida vigente desde diciembre del año pasado, fue publicada en el diario oficial La Gaceta, indicó el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez.
Con la nueva ampliación quedarán suspendidas hasta el próximo 5 de julio las garantías constitucionales en 123 municipios de Honduras, precisó. El Parlamento de Honduras tiene un plazo de 30 días para conocer el decreto, ratificar, modificar o rechazarlo.
“Se seguirá el combate de manera frontal contra el narcotráfico y grupos delictivos”, añadió el portavoz de la Secretaría de Seguridad en relación al estado de excepción que, según las autoridades, “ha rendido muy buenos resultados”, frente a la delincuencia “ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados que operan como mafias poniendo en riesgo la vida y los bienes de las personas”.
La violencia criminal en Honduras deja un promedio diario de entre diez y quince muertos, según fuentes oficiales.
El decreto ejecutivo permite a la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) coordinar acciones para “mantener el orden, la paz y la seguridad nacional, así como el control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas”.
Según la Policía Nacional, las personas podrán circular normalmente porque se trata de una herramienta destinada a combatir la violencia y otros delitos, entre ellos la extorsión.
El pasado mes de abril, la Oficina del Alto Comisionado de ONU para los DD.HH. en Honduras (OACNUDH) expresó su “preocupación” por la vigencia del estado de excepción.
“Ante las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Seguridad (CNDS) en el Plan de Seguridad II, OACNUDH expresa su preocupación por la recurrencia al estado de excepción y reitera su llamado a implementar una política integral de seguridad ciudadana con énfasis en la prevención e investigación”, indicó en Twitter el ente de la ONU acreditado en Tegucigalpa.
Señaló además que “las medidas adoptadas como la asignación de nuevas tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas comprometerán los esfuerzos de desmilitarización y podrían afectar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en su función de dirección y control de las detenciones”.
Redacción Caracas
