MADRID – Se veía venir. Y efectivamente sucedió. Los responsables del protocolo de la Comunidad de Madrid no pudieron evitar que el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, asistiera al acto oficial en el interior de la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Mas, posteriormente sí pudieron impedir que accediera a la tribuna principal externa, para asistir al desfile cívico-militar del 2 de mayo.
Alejandra Blánquez, jefa de Protocolo de la Comunidad de Madrid, fue irremovible. Le cerró el paso y explicó las razones: la representación institucional “ya estaba establecida”. El ministro Bolaño trató de disuadirla. Sin embargo, la funcionaria no oyó razones. Y reiteró que la normativa “con respeto a la representación institucional se estaba cumpliendo”, puesto que en la tribuna había una ministra.
Por supuesto, fuentes del gobierno disintieron y expresaron su malestar. Subrayaron que lo ocurrido representa el “incumplimiento del principio más básico de lealtad institucional”. Comentaron que la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular consideran que el Gobierno regional no pasa de ser “su cortijo”.
El ministro optó por no insistir más de lo necesario y, al final, asistió al desfile desde abajo. Más tarde, de nuevo en la sede del Gobierno regional no dudó en saludar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida e incluso bromear con él.
El ministro Bolaño, preguntado por los periodistas, evitó ahondar en el tema. El temor, en opinión de los duchos en la materia, es que el enfrentamiento con la presidenta Ayuso pueda desviar el foco de otra polémica que consideran más importante: la cena que sostuvo Alberto Núñez Feijóo con los fiscales afiliados a la asociación conservadora mayoritaria.
“fue una reunión absolutamente correcta e institucional – se apresuró en asegurar el presidente de los populares una vez que se hizo público el encuentro que tuvo lugar en un elegante hotel de la capital -. He ido previa invitación”.
Después de conocerse los argumentos tratados por Núñez Feijóo, gracias a la reconstrucción que hiciera el diario El País del cónclave, fuentes del Psoe han exigido “explicaciones urgentes”. En particular, las pidieron sobre las leyes que el líder de los populares pretende derogar una vez al Gobierno, en caso de triunfo en las elecciones generales.
Mientras se espera conocer más detalles del encuentro de Núñez Feijóo con los fiscales, el gobierno busca el camino que permita la aprobación definitiva de la Ley de Industria. Esta fue aprobada en diciembre en el Consejo de ministros. Desde entonces, quedó en espera de la tramitación parlamentaria. Tomando en cuenta los tiempos parlamentarios, su discusión y aprobación debería darse en una fecha muy próxima a las elecciones. El presidente Sánchez, de acuerdo con fuentes socialistas, quiere que salga en esta legislatura. Podría ser un último “golpe de efecto” del Gobierno antes del examen electoral. Sin embargo, todo pareciera indicar que no será tarea fácil. De hecho, el gobierno de coalición antes deberá convencer a sus socios de investidura Erc y PNV. Y no solo a estos. Los republicanos de Cataluña, en especial, consideran que la Ley, en algunos artículos, traspasa el ámbito competencial de algunas regiones. Cataluña, “in primis”. Pero también del País Vasco. De ahí, que resulte muy difícil que el gobierno pueda contar con el voto favorable de Esquerra Republicana, EH Bildu, PDeCAT, Junts per Catalunya y el PNV. El temor es que, como pasó con la Ley sobre el sí es sí”, la prisa por aprobar el texto legal pueda conducir a errores.
A.T./Redacción Madrid
