MADRID – Entrevistado en el programa “La Hora de la 1” de Tve, Esteban González Pons, eurodiputado y vicepresidente del Partido Popular, ha cuestionado, como ya hicieron otros exponentes de los conservadores, la seriedad y veracidad de los Barómetros del Centro di Investigación Sociológicas que dirige José Félix Tezanos. Sin embargo, en esta oportunidad, sus críticas fueron más allá; mucho más allá que las de sus compañeros de partido. Ha asegurado que el Cis es “financiación ilegal del Psoe”. Acto seguido, cuando los periodistas le hicieron notar que se trataba de una imputación muy seria, ha tratado de matizar al negar que estuviera acusando al Psoe de “algún delito”. Sin embargo, ha insistido en indicar que el “Cis hoy es financiación ilegal” y en asegurar que en “la próxima legislatura habrá que investigar cómo ha funcionado”.
Las declaraciones de González Pons, por su gravedad, no podían pasar “sin pena ni gloria”. Y, de hecho, no lo hicieron. Al contestar a los periodistas luego de participar a un “desayuno informativo” en Pamplona, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, ha afirmado que las declaraciones de González Pons no pasan di ser “un signo de nerviosismo al que hay que restar importancia”. Confesó tener la impresión de que “el Partido Popular y en particular el señor Pons están muy nerviosos”
No solo en la mira de los populares. El último Barómetro del Cis también desató la ira de Podemos. Pablo Echenique, incómodo con los resultados que arrojaron los sondeos de la empresa demoscópica, ha acusado a José Félix Tezanos de “corrupto” y de “manipular las encuestas “para perjudicar a Podemos”.
Al igual que los resultados del Barómetro del Cis han desatado una tormenta que amenaza con llevarse por delante a Tezanos; la propuesta de Ley del Partido Popular y Vox, que plantea legalizar los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, podría transformarse en un traspiés muy serio para Juan Manuel Bonilla, presidente de la Junta andaluz. Lejos de castigar a los infractores, la propuesta de Ley los premia. Decimos, busca regularizar su actividad, la cual podría tener efectos catastróficos en el delicado equilibrio medioambiental. Todo el ecosistema, ya bajo presión por el cambio climático, está en peligro.
Bonilla, quien al principio parecía intransigente, se ha abierto al diálogo. Ahora asegura que el proyecto de Ley no pasa de ser eso: un simple proyecto de Ley. Por lo tanto, sujeto a modificaciones y mejoras como lo son todos.
El presidente de la Junta de Andalucía ha dicho estar dispuesto a escuchar. Espera propuestas del Gobierno y de la Comisión Europea. La campaña electoral aún no ha comenzado. Sin embargo, las fuerzas políticas desde hace semanas protagonizan escaramuzas dialécticas que, sin duda alguna, irán a más. Esta pareciera ser una más.
A.T./Redacción Madrid
