GINEBRA – La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió este martes que hasta noventa personas han podido morir bajo custodia desde la declaración hace un año del estado de emergencia en El Salvador para luchar contra las bandas y que muchas de las detenciones han sido arbitrarias.
«En el último año han sido detenidas 65.000 personas, y algunos de esos arrestos, incluidos niños, podrían considerarse detenciones arbitrarias, ya que descansan en investigaciones con poca base, o meramente en el aspecto físico o el contexto social de los detenidos», indicó la portavoz de la oficina Marta Hurtado.
En marzo del año pasado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele declaró la “guerra total” a las pandillas, conocidas como “las maras” suspendiendo derechos constitucionales en el proceso.
Hurtado destacó que el régimen de excepción que han sido renovado periódicamente, “causa importantes preocupaciones en materia de derechos humanos» especialmente sobre los presuntos fallecidos . Lamentó al respecto que «haya información muy limitada sobre las investigaciones en torno a esas muertes».
«Entendemos los importantes desafíos que causa la violencia de las bandas, y el deber del Estado de garantizar la seguridad; pero tambiénes obligación para éste el hacerlo de acuerdo con la ley internacional en materia de derechos humanos», afirmó.
La política de “guerra total” a la criminalidad que al parecer cuenta con respaldo mayoritario de la población ha sido criticada por defensores de derechos humanos. El régimen de excepción cumplió este lunes un año de vigencia con 66.417 detenidos, 4.304 liberados y 4.723 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos.
Una red de organizaciones salvadoreñas, entre las cuales está Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), reportó este lunes en un total de 111 muertes de detenidos, 4.723 casos de violaciones a derechos humanos en los cuales hay 5.802 presuntas víctimas directas por capturas arbitrarias, tortura, falta de debido proceso, allanamiento de morada, amenazas, acoso policial y malos tratos.
El gobierno salvadoreño defiende su política contra las pandillas y asegura que ha convertido al país en “el más seguro de América Latina”.
