LIMA – La Fiscalía de Perú ratificó el nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Durante una audiencia celebrada este martes de manera virtual, la fiscal Galinka Meza presentó ante el juez supremo Juan Carlos Checkley, los argumentos contra Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva, tras su destitución luego que intentara un fallido autogolpe de Estado el pasado mes de diciembre.
La fiscal señaló a Castillo como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.
Meza añadió que esto fue “agravado por su condición de líder” de la presunta organización criminal que comenzó a gestarse cuando Castillo era candidato y se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña, conformando más tarde “el gabinete en la sombra”.
El “propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones”, afirmó.
De su lado Castillo, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas, negó los cargos y dijo sentirse “secuestrado”.
“Niego rotunda y categóricamente ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la República”, sostuvo desde su sitio de reclusión, el penal Barbadillo, una minicárcel para ex mandatarios en Lima.
“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos, con colaboradores comprados”, denunció, y agregó: “van a pedir 36 meses de cárcel cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”.
El pedido de prisión preventiva también es contra el exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva; y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López.
El juez informó que prevé emitir su decisión el próximo 9 de marzo.
La investigación fiscal se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero pasado el informe de una denuncia constitucional contra el exmandatario.
Al presentar el pedido, el fiscal supremo Helder Terán consideró que Castillo puede ser condenado a más de 31 años de cárcel, al sumarse 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias y 6 años y 4 meses por colusión.
Mientras, la presidenta interina de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución y detención de Pedro Castillo.
La mandataria compareció por casi media hora ante la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides. La presidencia tuiteó que Boluarte “brindó declaraciones respecto de las investigaciones”, sin dar más detalles.
La fiscalía abrió en enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, durante las protestas que han dejado en tres meses cerca de 60 personas, incluidos seis soldados que se ahogaron en un río el pasado fin de semana cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, también se han reportado mil 300 heridos, casi la mitad de los cuales son uniformados.
Redacción Caracas
