MADRID – Bajo perfil. Es la consigna. El Partido Popular, a pesar de las dudas, participará a la manifestación organizada por los movimientos civiles de la derecha y anti-independentistas. Sin embargo, lo hará con una delegación en la cual destacará la ausencia de los altos cargos. “In primis”, su presidente Alberto Núñez Feijóo. Tampoco acudirán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la número dos de los populares, Cuca Gamarra.
La polémica desatada por el protocolo antiabortista anunciado por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Garrido, pareciera haber sido superada. Sin embargo, ha dejado secuelas. El malestar causado en las filas de los conservadores tardará en desaparecer.
En línea de principio, el Partido Popular comparte las motivaciones al origen de la protesta organizada bajo el lema “Por España, la Democracia y la Constitución”. No obstante, teme que esta pueda tornarse en “trampa política”. Y que será Vox el único que, a la postre, sacará partido de la cita en la Plaza de Cibeles. De hecho, los líderes de la formación de la ultraderecha ya aseguraron su presencia. De ahí, el bajo perfil sugerido por Núñez Feijóo. Los populares consideran que la manifestación ha sido organizada por movimientos de la sociedad civil. En consecuencia, los partidos políticos deberían abstenerse de intervenir, mantener cierta distancia y dejar a estas todo el protagonismo. Vox no comparte este criterio. Santiago Abascal será el primero en acudir.
En Cibeles no habrá “foto”, como la hubo en la Plaza Colón. De haber, será sin los exponentes del Partido Popular. Núñez Feijóo está haciendo malabares para no participar en actos y manifestaciones en los cuales sabe que acudirán los dirigentes de Vox. Cuando le es imposible no hacerlo, busca no cruzarse con ellos.
Sobre el resultado de la convocatoria hay muchas expectativas. Las hay en la derecha; y también en la izquierda. En los conservadores, porque, de no ser multitudinaria, es probable que Vox atribuya el fiasco a la pobre colaboración de los populares. Y en la izquierda, porque una pobre participación sería argumento suficiente para desacreditar electoralmente a los adversarios. En Cibeles, de alguna manera, se medirán fuerzas.
A cuentas hechas, el sacrificio fue inútil. Votar en contra, a pesar de las indicaciones del partido, no evitó que la Reforma Laboral fuese aprobada. Cómplice el “sí” inesperado del diputado del PP Alberto Casero; un “sí” producto de un error. Fue un resultado agridulce para el Psoe, el cual confiaba superar fácilmente el examen del Congreso, y, sobre todo, para el Partido Popular, que había pactado con los tránsfugas del UNP: Sergio Sayas y Carlos García Adanero. Los dos diputados, como se recordará, se dieron de baja voluntariamente o, lo que es lo mismo, fueron expulsados del Partido.
Ahora Carlos García Adanero vuelve a los honores de la crónica por ser el candidato de los populares a la Alcaldía de Pamplona en las municipales. También Sergio Saya se presentará en las elecciones forales bajo las siglas del Partido Popular.
Los dos diputados tránsfugas, en opinión de los duchos en la materia, estaría cobrando por su traición. El de Adanero y Sayas ha sido un fichaje indirecto. Los dos diputados díscolos no son afiliados del Partido Popular. Al menos, no por el momento. Sin embargo, la “Plataforma Navarra”, creada por los ex UNP, participará en las autonómicas bajo la sigla del Partido Popular.
Refiriéndose a Adanero, voceros del Partido Popular de Navarra han afirmado que este “será un candidato sensible a las necesidades de Pamplona y representará los intereses de la capital y de todos los navarros, también, desde su escaño en el Congreso de los Diputados”.
En Castilla y León pareciera que las aguas vuelven a sus cauces. Luego de días de “dime y diretes”, el Gobierno da por cerrada la polémica abierta por las declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Garrido. Considera que el objetivo principal ha sido alcanzado: evitar se aplicaran los protocolos antiabortivos que vulneran los derechos de las mujeres. No habrá necesidad de insistir en la vía legal. Sin embargo, Castilla y León, seguirá en la mira del Gobierno porque este está convencido de que Vox, más temprano que tarde, podría llevar adelante su proyecto. Por ahora, hay tregua.
A.T./Redacción Madrid
