BRASILIA – La Justicia de Brasil ordenó prisión preventiva por tiempo indefinido a 354 bolsonaristas y el embargo de bienes a 52 personas y siete empresas sospechosas de financiar el asalto del 8 de enero a la sede de los poderes del Estado por parte de una turba de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. El magistrado del Supremo Tribunal Federal ( Corte Suprema de Justicia) Alexandre de Moraes, determinó que 354 de los 1.459 detenidos en flagrante pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia, con el objetivo de “garantizar el orden público”.
Los detenidos enfrentan cargos por “actos de terrorismo” y “destrucción de predios públicos” y responderán en la cárcel por los delios de “asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado”.
También les fueron imputados cargos por “amenaza, persecución e incitación al crimen”, según un comunicado del STF.
El instructor del caso otorgó libertad provisional a otras 220 personas pero deberán obedecer medidas cautelares como entregar sus pasaportes, presentarse semanalmente ante las autoridades, portar una tobillera electrónica para ser monitoreados y no podrán abandonar sus ciudades de domicilio, entre otras medidas.
A la vez, la Justicia brasileña dio “luz verde” a la incautación de bienes solicitada por la Procuraduría General de la República contra empresas y personas presuntamente vinculados con los ataques, sufragar las reparaciones de los daños causados por los asaltantes.
Medios locales detallaron que entre los sancionados se encuentra Ademir Luis Graeff, empresario de Paraná, a quien se le ha bloqueado un auto de lujo para cubrir los gastos ocasionados por daños en el Congreso, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo.
Así como también se le bloquearon cinco vehículos a un empresario de Santa Catarina también mientras que a Gran Brasil Viagens e Turismo, una empresa dedicada al sector turístico de Minas Gerais, se la han bloqueado hasta siete autobuses.
Por este caso, el exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro podría quedar inhabilitado políticamente por ocho años si se comprueba su participación en el intento de golpe de Estado contra el presidente Lula da Silva, el pasado 8 de enero, cuando miles de seguidores radicales invadieron la sede de las instituciones brasileñas.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio un plazo de 3 días al exmandatario para explicar el contenido de un proyecto de decreto hallado en la residencia de uno de sus exministros que habría permitido a Bolsonaro instaurar un estado de excepción para intervenir el máximo tribunal electoral y revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre en las que fue derrotado por Luiz Inacio Lula da Silva.
Además, de acuerdo a la petición de la Fiscalía al Supremo Tribunal Federal, “Bolsonaro habría hecho incitación pública a la práctica del crimen” al publicar un video el 10 de enero cuestionando nuevamente la regularidad de los comicios presidenciales que ganó Lula.
Redacción Caracas
