DEPARTAMENTO DE EL SALVADOR – El gobierno de Nayib Bukele desplegó 10.000 soldados este fin de semana en un área metropolitana de San Salvador, en la continuación de un plan de represión masiva contra las pandillas puesto en marcha nueve meses atrás.
A partir de este momento el municipio de Soyapango está totalmente cercado”, escribió el presidente Bukele en Twitter. “8,500 soldados y 1,500 agentes han rodeado la ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí”.
El operativo en el municipio aledaño a la capital forma parte del “Plan de Control Territorial” llamado “Extracción”, que busca fortalecer el control militar de las principales ciudades de El Salvador usando equipos de vigilancia de alta tecnología, para impedir la salida o entrada de pandilleros.
Según ha explicado el mandatario “Cercar delincuentes nos permite hacer los procesos de extracción sin que estos puedan huir a otros lugares (…) prácticamente tienen que quedarse adentro esperando a que vayamos por ellos”.
Al comenzar la operación, Bukele aseguró que la gente común “no tiene nada que temer” y dijo que la represión era parte de “una operación contra los delincuentes, no contra los ciudadanos honestos”.
El plan de control territorial fue anunciado por Bukele en junio de 2019, apenas 20 días después de tomar posesión de su cargo y recrudeció el pasado mes de marzo, cuando el mandatario decretó la llamada “guerra contra las pandillas”, tras la decisión del Congreso de aprobar un estado de excepción
Esta estrategia consta de siete fases, de las cuales cinco ya están en vigor (preparación, oportunidades, modernización, incursión y extracción). La medida permite efectuar detenciones sin autorización judicial y suspende algunos derechos y libertades constitucionales. Desde entonces han sido detenidas más de 55.000 personas, todas etiquetas por el gobierno de “terroristas” y “pandilleros”.
El combate contra la organización criminal de la Mara Salvatrucha y sus grupos, que el gobierno reivindica como un éxito, ha producido “58.000 capturados, millones de dólares incautados, millones de dólares en drogas, armamento, vehículos” y cierres de empresas de las pandillas, así como una disminución del 50%de los asesinatos entre 2.373 en 2019 a 1.147 en 2021, según las cifras oficiales.
Aunque la autoproclamada “guerra contra las maras” de Bukele mantiene altos índices de popularidad, según las encuestas, ha dado pie a denuncias de arrestos considerados como arbitrarios y violaciones a garantías judiciales.
El presidente Bukele ha desestimado las críticas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de gobiernos extranjeros sobre el “estado de excepción” que ha dotado a la policía con nuevos y amplios poderes, incluyendo el derecho a detener a sospechosos sin debido proceso.
Lucrecia Landaverde, una abogada que representa gratuitamente a decenas de detenidos, cuestionó la política que a su juicio está causando un daño duradero al sistema judicial de El Salvador.
“Hasta el momento, ha habido miles de arrestos arbitrarios, acusaciones sin fundamento y detenciones ilegales. Ni siquiera ha habido investigaciones preliminares para ver si los arrestados hacen parte de la estructura de las maras”, declaró a la prensa local.
Redazione Caracas
