LA HAYA – Documentos en poder de la Corte Penal Internacional señalan con nombre y apellido a once agentes de la policía militar de Venezuela como presuntos responsables de prácticas de tortura en el país. Así lo indica un informe elaborado por el grupo de investigadores de la Clooney Foundation for Justice (CFJ) y el Foro Penal Venezolano entregado a la CPI el pasado 31 de octubre, reseñó el diario en línea Infobae.
La investigación, que forma parte del programa “The Docket” del grupo de abogados, revelaría elementos claros de un patrón sistemático que demostrarían la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos por once funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El gerente senior del programa “The Docket”, Ignacio Jovtis, dijo al portal argentino que el trabajo incluyó entrevistas exhaustivas “a más de 50 personas, incluyendo víctimas directas y sus familiares, abogados, periodistas y ex miembros de la Judicatura venezolana”.
“Buscamos documentar casos de manera exhaustiva y de primera mano. Toda la información que nosotros damos sobre los casos que hemos presentado son fuentes primarias, donde intentamos determinar la presunta responsabilidad penal individual. Intentamos pasar del escenario de las agencias estatales, como la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) u otros son responsables de crímenes de derecho internacional a quién es el responsable, con nombre y apellido, y eso es lo que hemos hecho en este informe”, explicó.
Jovtis indicó que identificaron “los once agentes de diverso rango, bajos, medios y altos, de los que creemos que tenemos evidencia suficiente para que la Fiscalía siga investigando para determinar su responsabilidad penal”.
“El rango distintivo de la investigación que hemos hecho nosotros es que está muy enfocada a herramientas que puedan ser utilizadas por la Fiscalía de la CPI en caso de abrirse el juicio, después de la parte de investigaciones, para decir que se cometió violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y quiénes son exactamente”, apuntó.
El juicio se encuentra en espera de la respuesta de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal de la Haya a una solicitud del Fiscal que lleva el caso, Karim Khan, para que continúe el proceso y rechacen los alegatos del Estado Venezolano de que están procediendo a hacer justicia en sus propias cortes.
“Nosotros hemos podido determinar, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, uno de los rasgos distintivos de este delito, es la sistematicidad, el patrón en los delitos. Lo que hemos visto, de manera muy llamativa, es cómo, entrevistando a víctimas que no se conocían entre ellas, encontramos patrones muy similares, donde participarían los mismos agentes”, precisó Jovtis a Infobae
El abogado dijo que le llamó la atención “la manera tan clara en la que se repiten los patrones de todo, del modus operandi, de torturar, de cómo se gestiona la aprehensión y el proceso de detención; la sistematicidad tan clara… saltaban a la luz el modus operandi, las detenciones, los métodos de tortura.”
Agregó que aunque aparecieron más nombres durante las pesquisas optaron por señalar los once casos con evidencia más sólidas para impulsar una investigación específica y la responsabilidad individual de los policías. No obstante, seguirán trabajando. “ No nos quedaremos con solo esos once casos. Y sí hemos visto cómo varios nombres se repiten y algunas de esas personas incluso son promovidas” por el gobierno.
La investigación se remonta al año 2018 por presuntos abusos por parte del gobierno de Nicolás Maduro que incluían la represión de las protestas que tuvieron lugar en el 2017, en las que murieron cerca de 100 personas. Tanto la anterior fiscal del caso Fatou Bensouda como Khan han manifestado que existen evidencias muy claras de crímenes de lesa humanidad que ameritan el juicio.
Redacción Caracas
