CARACAS – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto en la libertad académica. Aseguró que ha recibido información sobre distintas acciones del Estado para menoscabar la autonomía universitaria.
Añadió que estas son:decisión de realizar el pago de nóminas del personal de las universidades públicas y sus entes adscritos a través del Sistema Patria; reducción del presupuesto para el funcionamiento de las universidades; exclusión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y otras agrupaciones universitarias de las negociaciones colectivas con el gobierno.
Se encuentra atenta por el plan educativo presentado en 2020 por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria debido a que se propone un nuevo esquema educativo que apoyaría el ingreso de nuevos estudiantes universitarios principalmente a las carreras que respondan a las “necesidades de formación de la nación, lo cual podría deteriorar la autonomía de las universidades públicas, condicionar los contenidos de las diferentes asignaturas e interferir en las decisiones de las y los estudiantes.”
La CIDH destacó el rol trascendental que tienen las universidades como centros de pensamiento crítico y de intercambio de ideas. A su vez, resaltó la estrecha relación existente entre la libertad académica y la construcción y consolidación de una sociedad democrática.
Reiteró que la difusión del conocimiento científico, así como las opiniones individuales o colectivas sobre las instituciones y la sociedad en general están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y la libertad académica. Subrayó que la autonomía universitaria es requisito imprescindible para garantizar la libertad académica.
“Las universidades son un pilar fundamental para la democracia, cuyo elemento esencial es la crítica y la pluralidad. En este sentido, urge al Estado de Venezuela a adoptar medidas dirigidas a garantizar la autonomía universitaria, incluyendo la asignación del presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones universitarias y garantizando que los pagos de nóminas del personal de las universidades públicas sean realizados a través de un sistema independiente e imparcial que proteja la libertad académica y de expresión”, puntualizó.
Redacción Caracas
