MADRID – La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó detener el préstamo del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra de 34 millones de euros que iba a ser entregado el 28 de julio.
La juez aceptó a trámite las denuncias del PP, Vox y el sindicato de ultraderecha Manos Limpias (cuyo secretario general acaba de ser condenado por extorsión), por un presunto delito de malversación de caudales públicos respecto del entonces presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y los integrantes del consejo de administración por el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra.
En las acusas, se enfocaron tanto en Lora como en el Consejo de Administración de la SEPI como “cooperadores necesarios”, al tener a su cargo “la administración, dirección y gestión” de este organismo y administrar el fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se ha beneficiado la línea aérea.
La denuncia cuestiona que la aerolínea no debía ser beneficiada con esas ayudas al no cumplir con los requisitos establecidos por la Unión Europea, además de que opera “con el 0,03% de los vuelos en España” y ha registrado “números rojos desde que se fundó en 2011”. También, advierte que tiene pérdidas de diez millones de euros y “solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad”.
En esta última resolución, fue la SEPI, a través de la Abogacía del Estado, la que comunicó al Juzgado la existencia de una obligación de cumplir con el desembolso de 34 millones de euros del préstamo, para saber si debía ser procesado. La juez resolvió suspender la ayuda “sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.
Por su parte, Plus Ultra respondió con un comunicado en el que afirma que acreditará que es necesaria la financiación y que colaborará con la justicia. “Plus Ultra Líneas Aéreas acreditará debidamente, y en el plazo concedido por el Juzgado, la necesidad de entrega de la financiación pendiente de disposición”, se lee en un texto. La empresa “se muestra tranquila y segura del cumplimiento de los requisitos y obligaciones para obtener esta financiación”.
El grupo argumenta que los fondos son “imprescindibles” para cumplir su plan de viabilidad y para mantener los 354 empleos directos y 2.500 indirectos que genera.
El PP entienden que Sánchez “sufre un nuevo varapalo judicial”, que se suma al reciente del Tribunal Constitucional por el primer estado de alarma, y Pablo Casado deja claro que “el cese de Ábalos no tapa las corruptelas a favor de Maduro para pagar los votos de Podemos”. Entienden que Sánchez debe tomar decisiones urgentes. También solicitan una comisión de investigación en las Cortes para ver dónde iba exactamente el dinero, “el objetivo del Gobierno y el pacto oculto con el régimen chavista”.
Vox solicitará hoy mismo la comparecencia de la sustituta de Ábalos al frente del ministerio, Raquel Sánchez, quien entienden que debe dar explicaciones. En el partido de Santiago Abascal ya exigieron la comparecencia del exministro y de Bartolomé Lora Toro, vicepresidente en funciones de la SEPI.
Inés Arrimadas también insiste en que el Gobierno tiene que “asumir responsabilidades por el escándalo” de una vez. Por su parte, Ciudadanos igualmente denunció el caso en el Tribunal de Cuentas y en Europa de la mano de su eurodiputado Luis Garicano, por entender que el caso debía ser examinado también por parte de los socios comunitarios.
Redacción Madrid