CARACAS – El coordinador de investigación y difusión de Provea, Marino Alvarado explicó este martes que si la Corte Penal Internacional toma la decisión de iniciar una investigación contra Venezuela, podría ordenar detenciones de responsables de crímenes de lesa humanidad.
Alvarado detalló en Twitter que la investigación sería similar a un juicio penal nacional con declaración de testigos, de víctimas, se analizarían pruebas y se pueden dictar órdenes de comparecencia o de arresto de presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad.
La ONG denunció este jueves que el Gobierno de Nicolás Maduro desarrolla una campaña de ataques contra la CPI para “posicionar una matriz de opinión”, a pocas semanas de que se decida si se les abrirá una investigación por crímenes de lesa humanidad.
“El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión a unas pocas semanas de que, como la misma Fiscalía de la CPI anunció, se tome una decisión sobre si abrirá o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. ¿Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa?”, cuestionó la ONG en un comunicado.
El mismo día, el fiscal del TSJ, Tarek William Saab manifestó que la CPI no ha respondido a ninguno de los informes que ha enviado durante los últimos meses y dijo que desconoce cuáles son los casos de violación de DDHH que investiga la máxima corte.
Saab recordó que asistió personalmente a La Haya para entregar documentos y ratificaron su “compromiso” a cooperar con la CPI y entregar la información necesaria. Pese a esto, aseguró que hasta la fecha “no se nos ha proporcionado información de cuáles son los hechos investigados”.
“La colaboración institucional debe ser bilateral y recíproca para dar una respuesta adecuada a lo que se nos requiere desde la Fiscalía. Solicitamos que se nos facilite dicha información como elemento indispensable para hacer productiva la complementariedad. No atender esta justa petición es quebrantar la praxis que históricamente ha realizado esta institución, sometiendo a un trato desigual y excepcional a nuestro país, que, por su parte, está dando muestras de la más efectiva colaboración”, subrayó.
Igualmente, Saab informó que el Ministerio Público también presentó una “solicitud de control judicial” ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI para que se pronuncie sobre la “inseguridad que inunda la fase preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que, en el caso de Venezuela está siendo paradigmático”.
En noviembre de 2020, luego de la visita de Saab a La Haya, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda dijo que “existía una base razonable para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes que competen a la Corte”.
Redacción Caracas
