CARACAS – Trinidad y Tobago denunció este miércoles la “continua campaña de desinformación” sobre el país por parte de la Secretaría General de la OEA y criticó, especialmente, la postura de la organización sobre el naufragio que dejó unos 30 venezolanos muertos cuando se dirigían a esa nación.
“Utilizar la trágica circunstancia e, incluso, la muerte de ciudadanos venezolanos, de tal manera es desagradable, reprobable y va en contra del propósito de la Organización y de su Secretaría General”, señaló hoy en un comunicado el ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago al condenar el contenido de un documento difundido el 30 de diciembre por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El texto, titulado “Nuevo informe advierte que el número de refugiados y migrantes venezolanos podría elevarse a 7 millones en 2021”, menciona la muerte de 33 venezolanos en un naufragio a mediados de diciembre, cuando trataban de llegar a Trinidad y Tobago.
El documento “de forma inexacta señala que los restos de los fallecidos fueron encontrados en la frontera marítima de Venezuela y Trinidad y Tobago. Los expedientes, de hecho, han detallado que el incidente ocurrió en aguas venezolanas frente a la costa de Guiria”, señala el ministerio.
Trinidad asegura que hay una “narrativa falsa” de que los venezolanos llegaron a la isla, pero que fueron rechazados, la supuesta razón por la que se ahogaron en aguas de la costa de Venezuela.
“El rumbo actual de la OEA puede resultar en un daño incalculable a la integridad de la organización y la confianza depositada en ella por sus legítimos miembros”, finaliza el comunicado.
A mediados de diciembre, Trinidad y Tobago anunció que no participaría en ninguna votación de la OEA hasta que se reincorpore al representante del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y se destituya al delegado del líder opositor Juan Guaidó, quien denunció al Gobierno trinitense por el naufragio.
Rowley mostró también su desacuerdo por declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro que realizó en diciembre, quien llamó a “los Gobiernos de la región a admitir a las personas que huyen de la dictadura en Venezuela buscando refugio, en cumplimiento del principio de no devolución y el derecho internacional”.
Muertos y deportados
Tras conocerse la noticia del naufragio, las miradas se volcaron hacia Trinidad y Tobago, gobierno que recién había generado polémica al expulsar a 26 venezolanos el 22 de noviembre, entre ellos 16 niños, niñas y adolescentes.
Los infantes venezolanos forman parte de un grupo de migrantes que ingresaron ilegalmente a Trinidad, fueron detenidos y luego expulsados de la isla hace un mes, el 22 de noviembre de 2020.
Tras permanecer 48 horas en altamar e incluso tocar suelo venezolano en Delta Amacuro, los venezolanos retornaron a la isla amparados en una orden que había emitido la jueza trinitense Avason Quinlan-Williams de que se les llevara a su tribunal, pero que no se cumplió porque ya habían sido deportados.
Desde entonces, varios tribunales se encontraban evaluando cada caso para saber si procedía la solicitud de asilo.
Incluso el 9 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a seis de los niños. Algunos de ellos padecen enfermedades que afirman no pueden tratar en Venezuela, donde los ciudadanos se enfrentan a la escasez o a los altos costos de los medicamentos.
El hecho desató críticas contra las autoridades de Trinidad y Tobago por parte de organizaciones internacionales y en Venezuela.
Pero el naufragio tampoco detuvo las deportaciones. El gobierno de Trinidad y Tobago deportó a otros 66 venezolanos el 17 de diciembre. Antes, el pasado 28 de noviembre, las autoridades también expulsaron a un grupo de 160 venezolanos que habían ingresado ilegalmente.
