CARACAS – El diputado Americo De Grazia realizó un recuento en el que especificó que en el año 2016 hubo una masacre en Tumeremo, matanza que negó el entonces gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Situación que se repitió con el gobernador Justo Noguera quien por negar cooperación del ejército en la ayuda de la búsqueda de los cadáveres, estos tardaron 17 días en aparecer.
De Grazia explicó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se encuentra únicamente en Bolívar, sino que también se ubican en Amazonas “procesando cocaína” y explotando las minas, está en Táchira y Zulia, con consecuencias fatales para los venezolanos.
El diputado afirmó que el ELN “hoy pretende controlar todo el oro del arco minero; ya dominan una parte y fiscalizan la producción de diamante y del coltán”.
Destacó De Grazia que desde el 26 de septiembre del 2006 han ocurrido en Bolívar 42 masacres de distintas naturalezas.”No sabemos dónde están enterrados los cuerpos de muchos de ellos”, subrayó.
En sus declaraciones alertó que Tareck El Aissami es propietario de una de las minas, La Rosita en la cual opera la organización islámica Hezbolá.
Por otro lado el diputado Freddy Valera señaló que este tema de seguridad y minería tiene dos vertientes que lesionan al país. En primer lugar, la seguridad de los ciudadanos, en Bolívar no existe la seguridad ni en las minas ni en las ciudades. La entidad está controlada por los pranes. Además de acusar a los militares de lo que ocurre en el arco minero.
A su vez Valera acusó al gobernador de no cumplir con su deber y realizar una labor “miserable”. En su opinión, el deterioro no sólo es de las minas sino que se está devastando al parque Canaima y la minería ha llegado al pie de dicho parque.
En este contexto, el diputado Romel Guzamana -representante indígena- señaló que con el arco minero se hicieron contratos millonarios. “No sabemos quién trabaja ahí y nos preguntamos dónde están las compañías transnacionales encargadas”, acotó.
El asambleísta indígena denunció que se sienten desamparados por la ley ante los mineros y las guerrillas colombianas.
La decisión final fue que se designará una comisión de la Asamblea Nacional para que analice la situación y pruebe de dar solución a ello.
